El teniente general (r), jefe de la PNP entre agosto de 2022 y marzo de 2023, ratificó ante el Poder Judicial que el expresidente le ordenó disolver el Congreso e intervenir la Fiscalía.
Este miércoles 30 de septiembre falleció el teniente general en situación de retiro Raúl Alfaro Alvarado, quien se desempeñó como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) entre agosto de 2022 y marzo de 2023.
Alfaro Alvarado, integrante y primer puesto de la promoción «Heroicos», la última de oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), ocupó la máxima jefatura policial tras ser designado por el expresidente Pedro Castillo en reemplazo de Luis Alberto Vera Llerena, puesto en el que permaneció hasta su pase al retiro dispuesto por la presidenta Dina Boluarte.
Rol durante el intento de golpe de estado y reacciones
Diversas personalidades del ámbito político y de la seguridad expresaron sus condolencias a través de redes sociales, destacando su actuación el 7 de diciembre de 2022, jornada en la que se anunció el cierre inconstitucional del Congreso de la República, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción.
Autoridades legislativas y analistas de inteligencia recordaron su compromiso con el orden democrático al haber emitido la disposición operativa para interceptar y detener a Pedro Castillo cuando este se desplazaba hacia la Embajada de México en Lima tras el mensaje a la Nación.
Testimonio judicial sobre la orden de captura
Durante el juicio oral seguido contra el exmandatario por el delito de rebelión, Alfaro Alvarado prestó declaración en calidad de testigo y detalló las acciones institucionales adoptadas durante la crisis. El exjefe policial precisó que, mientras cumplía aislamiento médico, recibió una llamada del entonces ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, quien lo comunicó con el expresidente.
En dicha conversación, Castillo le ordenó cerrar el Parlamento, resguardar las instalaciones e intervenir a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tras calificar la disposición como arbitraria e inconstitucional, Alfaro instruyó al alto mando policial garantizar el libre funcionamiento de la sede legislativa y ordenó la detención en flagrancia del expresidente amparándose en el marco legal vigente.
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