La Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio expresó su preocupación por las consecuencias que generarían los cambios en la extinción de dominio en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos.
En un comunicado, indicaron que la aprobación de este proyecto en el Congreso pone en riesgo más de cinco mil casos en trámite que tendrían que ser archivados, con la consecuente devolución de los bienes ilícitos que solo cuenten con medida de incautación ordenada en un proceso de extinción de dominio.
“Reconocemos las potestades del Congreso para legislar, no obstante, consideramos que esta decisión se ha tomado de espaldas a la nación, en un momento especialmente crítico en el que la ciudadanía exige con urgencia seguridad y que el Estado actúe con firmeza y coherencia frente a la criminalidad, la corrupción y el lavado de activos”, indican.
Precisan que, en ese contexto de inseguridad, el país demanda un Estado que proteja, que actúe con decisión y que no ceda terreno frente a intereses contrarios al bien común.
“Esta reforma, lejos de fortalecer el marco legal contra el crimen, debilita una herramienta jurídica esencial como la ley de Extinción de Dominio, la cual ha demostrado ser eficaz para recuperar bienes ilícitos y privar a organizaciones delictivas de los recursos que alimentan sus estructuras criminales”, aseguran.
Consideran además que si bien la norma puede ser perfeccionada, los cambios a introducir debieron realizarse luego de un debate plural y democrático, convocando a los expertos, sectores involucrados del Sistema de Justicia y de la sociedad civil.
Recuerda que la Convención de Mérida contra la Corrupción y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instan al Perú a incorporar la figura de la extinción de dominio con autonomía del proceso penal, sin que se requiera una sentencia condenatoria penal firme.
Asimismo, precisa que en la Cumbre de las Américas, se acordó proclamar el “Compromiso de Lima”, que exige a los países una mayor cooperación jurídica e institucional para combatir la corrupción, aprobándose el Plan Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.
“Si bien respetamos las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo, lamentamos profundamente que esta medida pueda afectar la capacidad del Estado para enfrentar de manera efectiva a aquellos que se benefician del delito”, asegura el comunicado.
Firman el documento Manuel Estuardo Luján , juez supremo titular y coordinador del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio; Mirko Cano, coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, y Liliana Elizabeth Meza , procuradora Pública Especializada en Extinción de Dominio.
Fuente: Agencia Andina
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