¿Declarar la independencia de Cataluña o renunciar para mantener abierta la puerta al diálogo? El dilema del presidente regional Carles Puigdemont mantiene este martes en vilo a España, que vive su peor crisis política en décadas.
A partir de las 16:00 horas, Puigdemont comparece ante el parlamento regional por primera vez desde el referendo prohibido del 1 de octubre, que su gobierno consideró vencido por los independentistas a pesar de la baja participación.
El contenido de su discurso es una incógnita: inicialmente prometió declarar la secesión como colofón a la escalada con el gobierno central de Mariano Rajoy, firmemente opuesto a permitir una consulta legal reclamada por una amplia mayoría en la región.
Pero las presionas nacionales e internacionales, así como la incertidumbre económica, podrían moderar la postura de Puigdemont que busca una mediación internacional para solucionar el conflicto.
En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse con los brazos cruzados.
«Si este señor declara unilateralmente la independencia, habrá que tomar medidas», advirtió el lunes la vicepresidenta del gobierno central Soraya Sáenz de Santamaría.
Sobre la mesa está la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia en la región.
Presiones de ambas partes
Las apelaciones al diálogo proliferan por Cataluña, España y Europa ante un choque institucional que profundizaría la división en la sociedad catalana, partida casi por la mitad sobre la cuestión.
«No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas», dijo la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, pidiendo a Puigdemont no declarar la independencia.
En el referendo del 1 de octubre, marcado por la violencia policial para impedir el voto en determinados colegios, sólo un 43% de los 5,3 millones de electores potenciales participaron, un 90% a favor de la secesión.
Muchos contrarios a la independencia, que el domingo se manifestaron por cientos de miles el domingo en Barcelona, optaron por abstenerse en esa consulta que consideraban ilegítima y sin garantías de neutralidad.
Tampoco la comunidad internacional, en la que el gobierno catalán confía para forzar una mediación con Madrid, comparte su proyecto y pide un diálogo entre las partes pero dentro del respeto a la ley.
Pero Puigdemont se encuentra también ante la presión de los suyos que no quieren renunciar a su sueño.
Después de años movilizándose y reclamando sin éxito un referéndum acordado con Madrid, se consideran legitimados para declarar unilateralmente la secesión, especialmente tras las cargas policiales para impedir el referendo del 1 de octubre.
«La única forma de poder asumir un escenario de diálogo y de mediación con el Estado es poder hacerlo como iguales» tras proclamar la secesión, dijo Benet Salellas, portavoz del partido de extrema izquierda CUP, que sostiene al gobierno regional.
Cerca del parlamento, las influyentes asociaciones nacionalistas, organizadores de las multitudinarias marchas de los últimos años, convocaron una concentración para «apoyar y defender la declaración de independencia».
La economía tiembla
Ante este extremo, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural.
«Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación» del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar «hacia la insolvencia económica».
(Fuente: Andina)
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