Las Elecciones Generales en el Perú, se realizarán en un contexto de crisis sanitaria, aumento del número de contagios y sin que al menos, los miembros de mesa hayan sido vacunados oportunamente. La muerte de más de cien mil peruanos, el creciente desempleo y el aumento de la pobreza, marcan el estado de ánimo de un electorado que supera los 25 millones de electores.
Los Debates Presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones recientemente, bajo un formato inapropiado han limitado la exposición de las propuestas programáticas y soslayado que se aborden temas centrales de la política nacional. La reforma política impulsada por el gobierno del señor Vizcarra, ha facilitado que partidos convertidos en «vientres de alquiler» participen en los comicios nacionales. El Jurado Nacional de Elecciones en un primer momento excluyó a organizaciones políticas, haciendo uso del «voto dirimente» de su Presidente y a la par habilitó la ilegal candidatura del ex Presidente Vizcarra al Congreso de la República.
La democracia requiere de partidos políticos con ideario e historia que incentiven los valores de la lealtad y disciplina partidaria. En los debates presidenciales realizados a lo largo de tres días, se ha puesto de manifiesto que la mayoria de candidatos presidenciales hoy postulan por organizaciones políticas, a las que se han incorporado recientemente. Sólo citaremos dos casos, el candidato Daniel Salaverry (Somos Perú) y la señora Verónica Mendoza (Juntos por el Perú) en los comicios del 2016 postularon por Fuerza Popular y el Frente Amplio respectivamente. A pocos días de las elecciones, se hace evidente que los grandes medios de comunicación adscritos a los grupos «El Comercio», «La República» y RPP en alianza con empresas «encuestadoras» se han propuesto impedir que sea electo un candidato que ponga en riesgo el fin de las transferencias millonarias, que por concepto de «publicidad estatal» realizaba el gobierno de Vizcarra y que se han mantenido en el gobierno del señor Sagasti.
Las encuestas publicadas en la fecha límite establecida por la ley, tienen el claro objetivo de violar cualquier precepto de rigor estadístico y alterar deliberadamente las tendencias electorales. Recordemos que en las elecciones del año 2000, las empresas encuestadoras APOYO, CPI y DATUM estuvieron directamente comprometidas en alterar cifras para favorecer la tercera elección de Alberto Fujimori. Más aún en la primera vuelta electoral anunciaron a «boca de urna» un resultado y sólo cuatro horas después lo alteraron para favorecer al fujimorismo. En el 2001, ante una Comision Investigadora del Congreso de la República, los Directores de las mencionadas empresas encuestadoras «balbuceantes y temerosos» trataron de justificar la evidente manipulación de cifras, declarando que los electores por «vergüenza» habían mentido a los encuestadores, que los abordaron al salir de los centros de votación.
Es evidente que existe una relación entre los directores de las empresas encuestadoras y los medios de comunicación adscritos al vizcarrismo. Ante una dictadura mediática, se hace necesario multiplicar el uso de las redes sociales y las plataformas virtuales para informar a un electorado que merece tener clara las propuestas e intereses que animan a los candidatos y organizaciones políticas. Si en el pasado las grandes movilizaciones marcaban el escenario electoral, con multitudinarios «cierres de campaña» en las principales ciudades del país, en la actualidad en un contexto de crisis sanitaria las formas de hacer proselitismo político han variado sustancialmente. El gran reto es reducir el ausentismo. No descarto que apenas un poco más del 50 % de los electores concurra a votar.
La ONPE no es garantía de un proceso claro y el Jurado Nacional de Elecciones ha estado demostrando abierta parcialidad hacía determinadas tendencias políticas.
Existe en mi concepto una abierta voluntad de fraude. No descarto que luego de los resultados de la primera vuelta electoral, la incertidumbre crezca en el país, como ocurrió en el año 2000. La fraudulenta tercera elección de Alberto Fujimori, desencadenaron en esa fecha la protesta ciudadana en las calles y la sucesión de una serie de acontecimientos que pusieron fin al gobierno del hoy sentenciado ex Presidente.
Las cifras publicadas por las encuestadoras tienen como objetivo mentir, manipular e inducir el voto ciudadano. Si en el año 2000 fue necesario poner fin a un gobierno corrupto y autoritario; hoy es imperativo impedir que una dictadura mediática y caviar siga gobernando nuestro país.
El PERÚ merece un destino mejor.
Por: José Antonio TORRES IRIARTE