La estrategia anti-pandillas de Nayib Bukele se consolida tras cuatro años de operatividad continua.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la cadena perpetua para menores de 18 años responsables de delitos de homicidio, violación y terrorismo, medida impulsada por el gobierno de Nayib Bukele que cumple cuatro años de ofensiva anti-pandillas.
La reforma a la Ley Penal Juvenil integra esta sanción dentro de un catálogo de penas excepcionales, eliminando los procedimientos especiales que existían para delitos graves cometidos por adolescentes. El texto legal, ratificado con 58 de los 60 votos del Congreso unicameral, entrará en vigencia ocho días después de su publicación oficial en el Diario Oficial.
La nueva normativa establece que los tribunales de lo Criminal tendrán competencia exclusiva para procesar tanto a adultos como a menores que incurran en estos crímenes de alta gravedad. Si bien la pena se define como perpetua, el sistema contempla una revisión obligatoria supeditada a la rehabilitación y al nivel de riesgo del recluso.
Para los menores de edad, esta evaluación podrá derivar en un régimen de libertad controlada tras cumplir 25 años de prisión, mientras que para los adultos el periodo de revisión se activará únicamente después de haber purgado entre 30 y 40 años de condena. Esta disposición sustituye el límite máximo anterior de 60 años de cárcel que regía en la legislación salvadoreña.
El debate legislativo reflejó la polarización política respecto a la estrategia de seguridad nacional. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defendió la medida asegurando la tranquilidad de las familias ante criminales que no volverán a la libertad, mientras que la oposición, representada por el diputado Francisco Lira, señaló que ciudadanos sin vínculos con pandillas siguen esperando juicios justos.
En la misma jornada, el Parlamento prorrogó por 30 días adicionales el régimen de excepción, herramienta que ha permitido la detención de 91,650 presuntos pandilleros, de los cuales aproximadamente 8,000 han sido liberados por falta de pruebas, en medio de constantes críticas de organizaciones de derechos humanos.
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