Revista: La Cámara CCL
Por Joaquín de los Ríos
Artículo de opinión
El Perú enfrenta hoy una elección presidencial con más de 30 candidatos. Sin embargo, seguimos intentando medir ese escenario político extraordinariamente fragmentado utilizando prácticamente el mismo instrumento estadístico diseñado para sistemas electorales donde competían cuatro o cinco postulantes y donde el comportamiento del electorado era mucho más predecible.
El resultado no es necesariamente una mentira estadística. El resultado es algo más inquietante: incertidumbre presentada como precisión. Las principales encuestadoras que operan en el país trabajan con muestras cercanas a 1,200 entrevistas, niveles de confianza del 95% y márgenes de error que rondan 2.7% o 2.8%. Ese cálculo se basa en la fórmula clásica utilizada en la investigación de opinión pública para estimar proporciones en poblaciones grandes:
ME = z × √(p(1−p) / n)
En esta expresión, ME representa el margen de error, z corresponde al nivel de confianza estadística, p es la proporción estimada de apoyo a una opción y n el tamaño de la muestra. En la práctica se utiliza el supuesto más conservador p = 0.5, lo que permite calcular el mayor margen de error posible para cualquier estimación.
Desde el punto de vista matemático, el procedimiento es correcto. Es el mismo modelo utilizado en gran parte de las democracias modernas. El problema no es la fórmula. El problema aparece cuando esa fórmula se aplica mecánicamente a una realidad política completamente distinta.
Un episodio de nuestra propia historia electoral ayuda a entenderlo. El 11 de marzo de 1990, a 27 días de las elecciones presidenciales, el diario El Comercio publicó una encuesta de Datum realizada en Lima. Mario Vargas Llosa encabezaba la intención de voto con 48%, seguido por Alfonso Barrantes con 11.2%, Luis Alva Castro con 9.5% y Henry Pease con 6.8%. La medición se basaba en una muestra de 400 entrevistas y un margen de error cercano a ±5%.
Hoy una muestra de ese tamaño podría parecer limitada. Sin embargo, el sistema político de entonces tenía una característica fundamental: el voto estaba relativamente concentrado y existían pocos candidatos con relevancia electoral. En ese contexto, incluso con márgenes de error mayores, las encuestas podían capturar con bastante claridad la estructura de la competencia política.
La ironía histórica es conocida. En esa página del periódico prácticamente no aparecía un candidato que semanas después cambiaría por completo el escenario político: Alberto Fujimori. En muy poco tiempo pasó de ser un actor marginal a disputar la segunda vuelta y finalmente ganar la presidencia. Aquella encuesta no estaba necesariamente equivocada. Estaba midiendo una fotografía de un momento político que todavía no había terminado de transformarse.
El contraste con el Perú actual es evidente. Hoy enfrentamos elecciones con más de 30 candidatos y una dispersión del voto mucho mayor. En ese escenario muchos postulantes se mueven dentro de rangos extremadamente estrechos: 5%, 7% u 8%. Cuando el margen de error de una encuesta nacional se aproxima a 3%, varios candidatos que aparecen separados por dos o tres puntos pueden encontrarse, en realidad, dentro del mismo intervalo estadístico.
Un candidato que figura con 10% podría tener en realidad un apoyo entre 7% y 13%. Otro que aparece con 8% podría ubicarse entre 5% y 11%. Desde el punto de vista técnico ambos podrían estar prácticamente empatados. Sin embargo, en la presentación pública de la encuesta uno aparecerá tercero y el otro quinto, como si se tratara de posiciones claramente diferenciadas.
En una elección con 30 candidatos, el ranking de una encuesta puede decir tanto sobre el margen de error de la medición como sobre la verdadera distancia entre los postulantes. Pero el problema no termina en la estadística. Empieza cuando esos números ingresan al ecosistema político y mediático.
Las encuestas no llegan al público en bruto. Llegan filtradas por decisiones editoriales. Son los medios los que deciden qué encuesta publicar, qué cifras destacar, qué gráfico ocupará la portada y qué candidatos aparecerán en la imagen que circulará durante días en televisión, redes sociales y portadas digitales.
En un sistema político con pocos competidores esas decisiones tienen efectos limitados. En una elección con más de 30 candidatos pueden ser decisivas. Cuando varios postulantes se mueven entre 1% y 4% de intención de voto, la diferencia entre aparecer en una gráfica o desaparecer dentro de la categoría “otros” puede encontrarse completamente dentro del mismo margen de error de la medición.
Un candidato que aparece con 3% podría tener en realidad entre 0% y 6% de apoyo. Otro que figura con 2% podría ubicarse entre 0% y 5%. Desde el punto de vista matemático ambos podrían estar en situaciones prácticamente equivalentes. Sin embargo, uno aparece en la tabla y el otro desaparece del radar informativo.
Ese pequeño detalle gráfico puede parecer irrelevante desde la estadística. Pero en política tiene consecuencias evidentes. La visibilidad pública de una candidatura, su presencia en el debate mediático e incluso la percepción de viabilidad electoral pueden verse afectadas por ese tipo de decisiones editoriales.
A ello se suma un elemento adicional que rara vez se discute con franqueza: las encuestas tienen financiamiento. Alguien paga por realizarlas. Y quien financia una investigación también suele tener capacidad para decidir cuándo se publica, cómo se difunde y qué lectura se promueve de sus resultados.
Sorprende, por ejemplo, la frecuencia con la que algunas mediciones aparecen en determinados momentos de la campaña, especialmente si se considera el alto costo que implica realizar encuestas nacionales y la situación no precisamente boyante de quienes muchas veces las comisionan. En política nada ocurre en el vacío. La oportunidad, la repetición y la forma en que ciertos estudios se publican también forman parte del juego político.
En ese contexto no resulta extraño que, en ocasiones, los intentos por orientar el clima electoral terminen produciendo el efecto contrario. En la desesperación por favorecer a determinado candidato de derecha, se corre el riesgo de desviar el voto de otras opciones que podrían encontrarse en mejor posición para disputar una segunda vuelta contra izquierda. La historia política reciente del país demuestra que los intentos demasiado evidentes de manipular el escenario electoral pueden terminar generando justamente el resultado que quienes los promueven buscaban evitar.
Nada de esto implica necesariamente manipulación deliberada. Pero sí configura un ecosistema donde la medición de la opinión pública convive inevitablemente con intereses políticos, editoriales y económicos.
La literatura internacional sobre opinión pública lleva años discutiendo estos problemas.
Organizaciones como la American Association for Public Opinion Research y centros de investigación como el Pew Research Center han advertido que las encuestas son herramientas valiosas para estimar tendencias generales del electorado, pero que deben interpretarse con cautela cuando las diferencias entre opciones se encuentran dentro del mismo margen de error.
En sistemas políticos altamente fragmentados, pequeñas variaciones estadísticas pueden alterar el orden aparente entre candidatos sin reflejar necesariamente una diferencia real en el apoyo electoral. En otras palabras: en una elección tan dispersa como la peruana, la diferencia entre el tercer y el sexto lugar puede ser estadísticamente inexistente, aunque políticamente se presente como si fuera decisiva.
Las encuestas siguen siendo herramientas valiosas para aproximarse a la opinión pública. Pero cuando el sistema político se vuelve más fragmentado y más volátil, también los métodos, los tamaños de muestra y la forma en que se interpretan los resultados deberían adaptarse a esa complejidad. Porque cuando una elección tiene más de 30 candidatos, el margen de error deja de ser un detalle técnico. Se convierte en un elemento central para entender lo que realmente estamos viendo. De lo contrario, la medición termina influyendo en la política tanto como intenta describirla.
El Perú no cabe en una hoja de cálculo. Y la democracia tampoco.
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