Fiscalía redirige esfuerzos hacia la investigación de derechos humanos en protestas y delitos cometidos desde el poder.
El Ministerio Público de Perú oficializó este martes la desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales encargados de las investigaciones de mayor impacto mediático y político de los últimos años. A través de diversas resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso el cese de las unidades dedicadas a los casos Odebrecht, Los Cuellos Blancos del Puerto, la Corrupción del Poder y las investigaciones sobre víctimas en protestas sociales.
La medida incluye la conclusión de las designaciones de coordinadores clave, como Rafael Vela Barba y Alfonso Barrenechea Cabrera, así como del personal adjunto que integraba estos grupos especializados.
Disolución de los equipos Lava Jato y Cuellos Blancos
La resolución pone fin a la estructura del Equipo Especial Lava Jato, constituido en diciembre de 2016 para indagar la red de sobornos de la constructora Odebrecht. Junto con la salida de Rafael Vela Barba, se dispuso el cese de todo el pool de fiscales adjuntos y provinciales que conformaban la unidad. En la misma línea, el equipo para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, creado en 2019 para investigar el crimen organizado y la corrupción en el sistema de justicia, fue desactivado tras concluirse la gestión de su coordinador general, Alfonso Barrenechea, y su equipo técnico.
La reestructuración alcanzó también al equipo especial que investigaba las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales, retirando de su cargo a la fiscal superior Lilly Gelacio Llontop. Asimismo, el grupo dedicado a combatir la corrupción en las altas esferas del poder, establecido en 2022, fue disuelto bajo la firma de Gálvez.
En este último caso, el Ministerio Público precisó que, pese a la desactivación de la unidad especial, los despachos correspondientes mantendrán sus competencias de acuerdo con la normativa vigente para dar continuidad a las diligencias.
Cambios en la titularidad y gestión fiscal
El documento oficial detalla el cese de funciones de magistrados de diversas jerarquías en todas las unidades mencionadas, incluyendo al fiscal provincial Julio Roberto Ormeño Peves en la división contra la corrupción del poder. Todas estas disposiciones, que marcan un giro en la política institucional de la Fiscalía de la Nación, entraron en vigor inmediatamente tras su publicación.
La medida representa el cierre de un modelo de investigación exclusiva que centralizaba los procesos de corrupción transnacional y violaciones a los derechos humanos bajo coordinaciones autónomas.
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