Durante un foro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), expertos señalaron los principales obstáculos para la formalización y alertaron sobre la alarmante expansión del mercado ilegal del oro.
Especialistas nacionales e internacionales reunidos en el II Foro de Informalidad “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), advirtieron que la informalidad se ha consolidado como una amenaza estructural para la competitividad y el desarrollo económico del país.
La presidenta de la Comisión organizadora, Marisol León, subrayó que este fenómeno ya no debe interpretarse como «emprendimiento», sino como una pobreza productiva institucionalizada y una trampa de baja productividad que limita el crecimiento.
El alto costo de la informalidad laboral
Las cifras oficiales confirman la gravedad del problema: el 71% de la población ocupada trabaja en condiciones informales. Estos trabajadores se concentran mayormente en actividades de subsistencia y carecen de acceso a crédito, tecnología o protección social.
La disparidad en la productividad es significativa; los trabajadores informales presentan niveles de eficiencia entre seis y once veces menores a los del sector formal, lo que perpetúa la desigualdad y limita el desarrollo. León indicó que el comercio es uno de los segmentos más afectados, concentrando el 33% de los negocios informales y registrando una incidencia superior al 86%.
Además, se estima que 8.2 millones de unidades productivas operan en la informalidad (5.5 millones no agropecuarias), de las cuales más del 52% son conducidas por mujeres.
Los expertos de la CCL enfatizaron que la complejidad regulatoria actúa como un desincentivo directo para la formalización. Iniciar un negocio formal en Perú puede tomar hasta 71 días y exigir entre 500 y 1,500 soles en trámites, lo que representa entre el 20% y 30% del capital inicial de un emprendedor.
A esto se suman más de 380 horas anuales dedicadas al cumplimiento de obligaciones administrativas. «Si queremos un país más formal, debemos rediseñar las reglas pensando en el comercio, con trámites simples, rápidos y proporcionales al tamaño del negocio», añadió León.
El foro también centró su atención en el incremento del oro ilegal, que ha convertido a Perú en el principal exportador informal de Sudamérica con una participación del 44%. Los envíos sin trazabilidad podrían bordear los 12,000 millones de dólares en 2025, una cifra similar al total de las exportaciones formales del metal.
Esta actividad criminal está vinculada a contrabando, lavado de activos, evasión fiscal y captura territorial. La ausencia de un sistema robusto de trazabilidad permite que este oro fluya sin control hacia mercados como Dubái, Suiza, India y Estados Unidos, lo que genera una pérdida fiscal superior a 7,500 millones de soles al año.
En respuesta a esta problemática, los especialistas cuestionaron la efectividad del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Indicaron que solo el 2% de los 8,000 inscritos lograron formalizarse, y que el mecanismo se ha convertido en un «salvoconducto» que obstaculiza las intervenciones contra operadores ilegales. Por ello, plantearon su eliminación y la promulgación de una ley específica para la pequeña minería y la minería artesanal.
Impacto ambiental vs. aporte formal
Los participantes del foro destacaron el grave impacto ambiental de la minería ilegal. Solo en Madre de Dios, se han perdido más de 30,000 hectáreas de bosque primario en tres años, con escenarios similares de degradación en Loreto, Ucayali y Huánuco, que afectan a comunidades locales.
En contraste, la minería formal aporta el 9% del PBI, genera más de 238,000 empleos formales y transfirió más de 8,000 millones de soles en canon y regalías en el último año. Sin embargo, el sector formal enfrenta problemas como invasiones, extorsiones y paralización de proyectos por la falta de control territorial.
El evento concluyó con un llamado a la acción inmediata, que incluye la necesidad de cerrar brechas regulatorias, reformar el REINFO, implementar una trazabilidad obligatoria para el oro y simplificar la formalización empresarial. «El Perú no puede seguir siendo dos países: uno que cumple la ley y otro que opera al margen de ella”, fue la conclusión final de los especialistas.
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