El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció el cese de las mesas de diálogo con el movimiento indígena en la provincia de Imbabura, epicentro de recientes manifestaciones. John Reimberg, ministro del Interior, confirmó la ruptura de las conversaciones y responsabilizó a los grupos indígenas por la interrupción.
El ministro Reimberg argumentó que, a pesar de haber accedido a un diálogo inicial, los movimientos indígenas no cumplieron con los acuerdos previos, lo que motivó la decisión del Ejecutivo.
«Hubo un diálogo, pidieron un diálogo y estuvimos como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no han cumplido. Ellos se encargaron de cerrar las puertas de diálogo», enfatizó Reimberg en declaraciones a la prensa. El funcionario advirtió que «a partir de ahora, cualquier cosa que pase [en el contexto del paro nacional] será responsabilidad de ellos”.
El ministro del Interior señaló específicamente el incumplimiento de la apertura de vías, un punto clave acordado la semana pasada. «Ellos debieron abrir las vías, era el primer punto del acuerdo y ni siquiera llegaron a ese punto», subrayó.
Hasta este lunes 20 de octubre, se registraron al menos 17 cierres viales en la Panamericana Norte, en Imbabura. Pese a la situación, Reimberg adelantó que no se forzará la reapertura mediante confrontaciones, indicando que la Policía y los militares mantendrán una postura pasiva con el objetivo de priorizar la paz.
Respuesta de la CONAIE: No hay «Condiciones Reales»
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) respondió al anuncio del Gobierno, asegurando que actualmente «no existen condiciones reales para conversar».
En un comunicado, la organización indígena afirmó que el Ejecutivo ha optado por la confrontación en lugar de la apertura, y dejó claro que no aceptará reuniones «bajo amenazas, persecuciones o medidas represivas». La CONAIE insistió en que el diálogo solo será posible si el Gobierno garantiza un ambiente de respeto, seguridad y participación, sin criminalizar la protesta ni imponer condiciones políticas.
Rechazo a la criminalización de líderes indígenas
En paralelo al anuncio del Gobierno, Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, replicó las declaraciones del ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, quien había señalado a Churuchumbi y al expresidente de la CONAIE, Leonidas Iza, como responsables de obstaculizar el diálogo.
Churuchumbi desestimó las acusaciones, aludiendo a un «desconocimiento de la realidad geográfica, política y cultural de este país», con sus 14 nacionalidades y 16 pueblos indígenas. Reiteró que el origen del paro nacional fue la decisión del Gobierno de incrementar el precio del diésel.
«Responde al acuerdo con el FMI. Esta receta han seguido al pie de la la letra”, expresó Churuchumbi, detallando que la medida afecta al 65% de los ecuatorianos, quienes, además, perciben un alza en el precio de alimentos y medicinas. Recordó que cerca de seis millones de ecuatorianos viven con menos de 3 dólares al día.
El coordinador de Pachakutik se solidarizó con las organizaciones de Imbabura, defendiendo la autonomía de las asambleas comunitarias y rechazando ser señalado como el causante de la ruptura. Finalizó emplazando al presidente Noboa: «El diálogo depende del Gobierno Nacional, ¿quién originó los problemas y el paro con el incremento del precio del combustible? Usted señor presidente y ahora está en sus manos buscar salidas”.
Churuchumbi concluyó que se requiere un espacio de diálogo con reglas claras, cronogramas, agenda y mediadores definidos, y mediante una lectura pública de una carta, negó tener injerencia en las decisiones de las organizaciones indígenas de Imbabura o haber intervenido para obstaculizar el proceso.
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