Este lunes está previsto que se instale la audiencia de juzgamiento contra 21 procesados por el delito de cohecho, en el denominado caso Sobornos 2012-2016.
Este será el segundo intento, luego de que el 24 de enero pasado el Tribunal Penal integrado por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, fijó el 31 de enero como fecha para instalar la audiencia de juicio.
Cuestiones médicas, actividades profesionales en el extranjero, compromisos académicos fuera del país, fueron las razones por las que se plantearon cuatro pedidos de diferimiento de la audiencia, que determinaron que la diligencia pase para este lunes 10 de febrero.
Con el fin de nuevamente impedir la instalación de la audiencia, el jueves anterior, a través de su abogado Fausto Jarrín, el expresidente de la República, Rafael C. interpuso un recurso de recusación contra los jueces nacionales integrantes del Tribunal de juzgamiento.
Jarrín indicó que ha recusado a los jueces porque a su criterio dicho Tribunal no debió constituirse hasta no haber evacuado los recursos pendientes. Consideró que en estas condiciones la audiencia de juicio de este lunes 10 de febrero debe ser suspendida hasta que otros jueces de la Corte Nacional resuelvan la recusación.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en su calidad de acusador particular en este caso, en declaraciones a la prensa calificó como una maniobra más de la defensa del expresidente para incidentar el proceso y evitar así una sentencia.
Para el jurista y catedrático Pablo Encalada es claro que lo que se busca es dilatar el enjuiciamiento, aunque admitió que los procesados están haciendo uso de las facultades legales que tienen.
Advertencia del Tribunal
En dos puntos de la providencia a través de la cual convoca a la audiencia de juicio, el Tribunal advierte que por esta “única ocasión” se diferirá la diligencia y que la misma de “manera improrrogable” se la cumplirá en la fecha fijada (hoy lunes 10 de ferero).
La resolución de los tres jueces también recuerda que la misma puede realizarse en ausencia de los procesados y que de igual forma no será motivo de suspensión y peor de diferimiento por la ausencia de algún testigo o perito solicitado por las partes al momento de la instalación de la misma, así como por presentarse falla alguna de conexión telemática.
A estas audiencias están convocados más de 120 testigos, entre peritos, agentes policiales, exfuncionarios del Gobierno y empresarios. Además, está llamado a declarar José Conceição Santos, exrepresentante legal de Odebrecht, en Ecuador.
Para las audiencias, la defensa del expresidente Rafael C. solicitó al Tribunal que se incluya como pruebas nuevas, la resolución 065-PLE-CNE-2019 del CNE y el informe de la Comisión de Fiscalización y Gasto del CNE, número CNE-DNFCGE-2019-0096-I.
En esos documentos constaría la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), de que no halló anomalías en los gastos del movimiento Alianza PAIS. Sin embargo, la Fiscalía ha resaltado que el esquema que se usó fue una doble contabilidad para captar dinero de contratistas.
Los 21 procesados son sospechosos de cohecho. La Fiscalía los acusa de haber implementado un sistema ilícito dentro de la Presidencia, que consistía en recolectar aportes económicos de empresarios, que tenían contratos con el Estado, para las actividades políticas del Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Se estima que por este sistema se recogieron $ 7,1 millones que se usaron para la propaganda política de Alianza PAIS y del anterior Gobierno, entre los años 2012 y 2016.
El pasado 3 de enero, la jueza Camacho resolvió llamar a juicio por el delito de cohecho a 21 procesados, entre ellos el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D y Walter Solís.
Así como el exsecretario Jurídico Alexis M., la asambleísta Viviana B., el exlegislador Chistian V., las exfuncionarias de la Presidencia Pamela M. y Laura T. y a 10 empresarios.
Fuente: Nodal / El Telégrafo
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