Familiares de cuatro niños desaparecidos en Guayaquil esperan confirmación de la identidad de cuerpos incinerados en Taura
Por Alexander García
Familiares de cuatro menores desaparecidos en Guayaquil acudieron a la morgue este 25 de diciembre de 2024. Lo hicieron a fin de iniciar procedimientos de cotejamiento forense con cuerpos hallados incinerados la víspera en una zona rural de Taura, cantón Naranjal.
Los menores, originarios del sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron reportados como desaparecidos luego de haber sido aparentemente abandonados en Taura (Guayas), el pasado 8 de diciembre de 2024.
El caso de desaparición forzada, perpetrado presuntamente por uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) conmoción a todo Ecuador y la noticia ha trascendido al mundo.
Billy Navarrete, director ejecutivo Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, informó en -las afueras del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses- que la identificación de los restos sigue un proceso técnico.
“El médico forense explicó que debido a las condiciones en que se encuentran los cuerpos, incinerados y destruidos, la identificación mediante pruebas dactilares ha sido descartada», dijo.
El siguiente paso ha sido iniciar exámenes antropológicos, basados en características físicas de los menores, como heridas previas, prótesis, fracturas y otros rasgos distintivos, detalló.
Pruebas de ADN
Según Navarrete, si esta etapa no arroja resultados concluyentes, se procederá con pruebas de ADN, cuyo análisis podría demorar entre 30 y 40 días.
No obstante, se están explorando alternativas para reducir este plazo, como el traslado de las muestras genéticas a laboratorios fuera del país, en coordinación con el Ministerio del Interior. Los familiares de los menores proporcionaron información detallada a los técnicos forenses para facilitar la identificación.
“Estamos procurando encontrar vías para que este proceso sea lo menos angustiante posible para las familias. Aún debemos esperar los resultados del examen antropológico antes de tomar decisiones adicionales,” comentó Navarrete.
Con estas diligencias se espera confirmar oficialmente si los cuerpos encontrados corresponden a los menores desaparecidos.
De desaparición forzada a «ejecución extrajudicial»
Los familiares de los niños se retiraron del laboratorio de criminalística sobre las 16:00 del 25 de diciembre, sin emitir declaraciones, aunque pidieron a través de la CDH que continúe la búsqueda de sus hijos hasta que no se tenga certezas técnicas respecto a los cuerpos incinerados.
Abraham Aguirre, del área jurídica de la CDH, explicó que se realiza un proceso técnico que incluye entrevistas antropológicas, análisis radiográficos y autopsias médico-legales.
“No podemos aún decir que son los cuatro adolescentes desaparecidos porque hay que evaluar características físicas específicas, como lunares, señas, o vestigios de cirugías que puedan coincidir con la información proporcionada por los familiares”, señaló Aguirre.
También confirmó que algunos de los cuerpos incinerados están incompletos, lo que complica el cotejamiento. Sin embargo, se aseguró que se trata de cuatro cuerpos humanos, aunque el abogado reconoció que por el nivel de destrucción e incineración ni siquiera puede confirmar que se trata a ciencia cierta de los cuerpos de niños.
“Este proceso antropológico preliminar podría tomar hasta cuatro días. Si los resultados no son concluyentes, se procederá con pruebas de ADN, que tomarían alrededor de 30 días”, añadió.
La Fiscalía, que mantiene la investigación en etapa reservada, ha solicitado la formulación de cargos por desaparición forzada, aunque aún no hay fecha para la audiencia contra 16 militares detenidos por el caso.
De confirmarse que los cuerpos incinerados corresponden a los menores desaparecidos, el estado de los restos podría implicar una eventual reconfiguración del tipo penal, dependiendo de los resultados forenses. Según Aguirre, se podría pasar de investigar una desaparición forzada a un caso de ejecución extrajudicial, adelantó.
¿Qué pasó con los niños?
La noche del 8 de diciembre de 2024, cerca de las 20:00, los cuatro menores de entre 11 y 15 años —Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, conocidos como los cuatro de Las Malvinas— terminaron capturados por un contingente militar, al sur de Guayaquil.
Sus familiares aseguran que salieron a jugar fútbol. Mientras que militares de la FAE y la versión de autoridades de Gobierno apuntan a que estuvieron involucrados en un supuesto robo, esto pese a que el fiscal del caso aseguró que no existe ningún elemento que indique algún «acto ilícito que hayan cometido los niños’.
Las familias de los menores recibieron llamadas en las que los niños informaban haber sido golpeados y abandonados sin ropa en el sector Taura, sobre las 22:40, cerca a una base militar de la infantería aérea, la Base Aérea de Taura.
Las versiones de los militares coinciden en que en ese sector rural, a más de 40 kilómetros del sitio de la detección, «liberaron» a los niños y adolescentes. Y, 16 días después de la desaparición, se hallaron cuatro cuerpos incinerados en una zona agreste de esa misma parroquia, este martes 24 de diciembre .
16 militares estarán bajo custodia ante desaparición de cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil
El Ministerio de Defensa informó este martes, 24 de diciembre de 2024, que 16 militares estarán bajo custodia ante la desaparición de cuatro menores del sector de Las Malvinas, en Guayaquil, un caso que incluso ha puesto a Ecuador en la mira de organismos internacionales.
El anuncio se da después de que la Fiscalía, a través de su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, pidiera fecha y hora formular cargos por el presunto delito de desaparición forzada.
«Dicha custodia estará a cargo de oficiales y personal de inteligencia militar, con la finalidad de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga», anotó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
A su vez, esta dependencia gubernamental dispuso que, en caso de que el sistema judicial así lo requiere, «movilizarán inmediatamente a los investigados para ponerlos en manos de la justicia»:
La orden deberá ser acatada por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. Los uniformados investigados forman parte de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE).
La desaparición de los cuatro menores ocurrió la noche del domingo 8, después de que salieran a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Hombres vestidos de militares detuvieron a los menores cuando, después de la práctica deportiva, caminaban cerca de un centro comercial y se los llevaron hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Videos de cámaras de seguridad han mostrado en redes sociales cuando varios militares llegan hasta el sitio en el que estaban los menores, los suben a una camioneta y se los llevan.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó el lunes que los menores fueron aprehendidos por la patrulla militar en un sitio donde presuntamente una mujer era víctima de un robo, pero que los uniformados después los dejaron en libertad.
Familiares de menores de Las Malvinas desaparecidos se movilizaron a la morgue de Guayaquil
Los familiares de los menores desaparecidos y miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) se movilizaron este miércoles, 25 de diciembre, al centro forense de Guayaquil.
El pasado martes, 24 de diciembre, en una zona cercana a un recinto de Taura, del cantón Naranjal, se dio el reporte del hallazgo de varios cuerpos sin vida.
Esa noche, personal del CDH esperaba que la Policía les proporcionara más detalles de estos cadáveres.
Esta mañana, Billy Navarrete, coordinador del CDH, junto con familiares han ingresado a la morgue para ver si alguno de esos cuerpos corresponde a los hijos desaparecidos.
Cerca de las 12:00, los familiares acudieron a una sala interior de la morgue para dar detalles y características de sus hijos a fin de verificar si corresponden a los cuerpos que han ingresado al sitio en recientes horas.
Desde el 8 de diciembre anterior, los padres de los menores se mantienen sin noticias del paradero de sus hijos, de entre 11 y 15 años.
Ismael, Steven, Saúl y Josué fueron aprehendidos por militares en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, y trasladados hasta la parroquia rural Taura, jurisdicción del cantón Naranjal, provincia de Guayas. Todo ocurrió la noche del 8 de diciembre, fecha en que ya no se supo más de los chicos hasta la actualidad.
El pasado martes, la jueza Tanya Loor dio paso a la acción de habeas corpussolicitada por los familiares de los niños y miembros del CDH.
En su resolución, la jueza expuso que se evidenció que los dieciséis militares involucrados en el caso no cumplieron los protocolos establecidos para casos de menores.
El martes, durante la audiencia de habeas corpus los padres conocieron del hallazgo de varios cadáveres en un recinto de la parroquia Taura.
Esa misma tarde conocieron que el fiscal a cargo de la causa tenía que cumplir con la diligencia en una zona de difícil acceso de dicha localidad.
Esa noticia afectó en el ámbito emocional a la familia, por lo que se pidió apoyo del Ministerio de Mujer para dar contención emocional.
Tras el hallazgo, este miércoles 25 en la morgue, según Billy Navarrete, se planea realizar una sesión con personal de forense y delegado de fiscalía para conocer los procedimientos para el reconocimiento de los restos.
“No tenemos detalles, lo que sí están destruidos, incinerados, hasta lo que sabemos no sabemos de tamaños”, dijo Navarrete, al añadir que desconocen el número de cuerpos encontrados en esa zona.
En la morgue, las diligencias se realizan con resguardo policial de unidades élite
“La familia tiene derecho de saber esa información detallada”, sostuvo el coordinador del CDH.
Caso de menores de Las Malvinas se reconoce como ‘desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado’: esto dice la sentencia por ‘habeas corpus’ concedido en favor de padres
Luego de una extensa diligencia que se inició a las 13:00 de este martes, 24 de diciembre, y terminó cerca de las 21:00, la jueza Tanya Loor Zambrano aceptó la demanda de habeas corpus presentada por familiares de los niños desaparecidos en Las Malvinas y por Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Con ello se declaró la “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano” de los menores: Ismael, Steven, Saúl y Josué, de entre 11 y 15 años, que el pasado 8 de diciembre fueron aprehendidos por militares en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, y trasladados hasta la parroquia rural Taura, jurisdicción del cantón Naranjal, provincia de Guayas.
Según la defensa de los 16 militares involucrados en el asunto, los uniformados liberaron a los adolescentes ‘en perfectas condiciones’ en Taura. En dicha localidad uno de los menores habría tomado contacto con su progenitor por medio del teléfono de un habitante del lugar, pero luego de aquello no se supo más de los cuatro chicos.
En la sentencia de la jueza Tanya Loor Zambrano, cuyas principales resoluciones fueron leídas anoche a las partes, se declaró “vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, al interés superior al niño, a la supervivencia, al desarrollo y al pertenecer a grupos de atención prioritaria”.
En esa línea, estas son algunas de las medidas de reparación a las víctimas directas e indirectas dispuestas en la sentencia:
Se ordena que el Estado ecuatoriano, a través del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas y respuesta a las víctimas indirectas y las instituciones de seguridad nacional como Fuerzas Armadas, unidades especializadas de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, realicen en todo el territorio nacional los actos investigativos pertinentes.
Se ordena la activación de protocolos de búsqueda necesarios para garantizar la localización y ubicación de los menores.
Se ordena que las máximas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales del Guayas sean inmersos en la sentencia de acción de protección para futuras medidas de reparación integral que sean notificadas.
Se ordena que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, tramite de forma inmediata atención médica y psicológica a favor de los progenitores y familia de los menores desaparecidos. La misma medida se dispuso en favor de los chicos al momento de su localización.
Se ordena que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en conjunto creen una comisión multidisciplinaria y multipersonal, integrada por cinco personas con los más altos criterios de defensa de derechos humanos y género y que trabajen de forma inmediata en una investigación, con las facilidades del Estado, que dé una respuesta sobre este caso. Esto, independientemente de la función de la Fiscalía.
Se dispone que la Defensoría del Pueblo determine un proceso de capacitación permanente en el ámbito de protección de derechos humanos, de manera especial en niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, con el objeto de que las Fuerzas Armadas nunca más cometan una situación como este caso.
Se ordena a la Policía Nacional la creación de un número que recepte información de forma exclusiva sobre este caso y diseñe un plan de recompensa para quien proporcione información veraz del paradero de los menores.
Se ordena la realización de un documental educativo en el que se dé a conocer a la ciudadanía sus derechos humanos de manera especial en favor de niños, niñas y adolescentes en tiempos de estado de excepción y conflicto armado, en el que se identifique cuáles son los límites de los agentes del Estado. Este audiovisual se realizará a través del Ministerio de Educación, en el término de 30 días. El documental debe emplear un lenguaje sencillo y respetar la doctrina de protección integral.
Gobierno condena el ataque terrorista a la construcción de la cárcel en Santa Elena
Por Madelayne Iveth Lynch Lucas
Un atentado con explosivos en la zona de construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena dejó como saldo una persona fallecida, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai) este miércoles 25 de diciembre de 2024.
El Gobierno condena el ataque terrorista y, a través de un comunicado, expresó: «Este ataque, en el marco de un conflicto armado interno, evidencia la alianza perversa entre grupos delictivos y sectores políticos, que, en lugar de condenar estos hechos, se complacen en utilizarlos como herramientas para desestabilizar al Gobierno y obstaculizar nuestro plan integral de seguridad, incluyendo la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. No nos doblegarán ni cederemos ante quienes pretenden sembrar el caos».
Detalles del ataque terrorista
El Snai informó, a través de un comunicado, que en la madrugada de Navidad un grupo de hombres armados llevó a cabo un ataque terrorista al ingresar violentamente al sitio de construcción del nuevo centro penitenciario y detonar artefactos explosivos.
Reacción del Snai
El ataque dejó una víctima mortal. El Snai condenó el atentado y afirmó que este acto, llevado a cabo por organizaciones delictivas utilizando explosivos, busca sembrar el terror, debilitar al Estado y obstaculizar los esfuerzos del Gobierno para devolver la paz y seguridad a los ecuatorianos.
Denuncian alianza entre grupos criminales y sectores políticos
El organismo también denunció la existencia de una «alianza perversa» entre grupos criminales y sectores políticos, y aseguró que estos hechos están siendo utilizados para desestabilizar al Gobierno y sabotear el plan integral de seguridad. «No nos rendiremos ni cederemos ante aquellos que intentan generar caos», concluyó el Snai.
Fuente: Agencia Nodal | PRIMICIAS | KCH | El Universo | Expreso
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