El estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro ha superado los 550 días de vigencia sin lograr frenar la escalada de violencia, cerrando el año 2025 con cifras históricas de homicidios.
Pese a los 17 decretos emitidos por el gobierno de Daniel Noboa, los datos oficiales del Ministerio del Interior revelan que estas jurisdicciones no solo mantienen una alta incidencia criminal, sino que han roto sus propios récords de muertes violentas, concentrando Guayas por sí sola el 45% de los asesinatos a nivel nacional.
Esta situación ha generado advertencias de la Corte Constitucional sobre la «rutinización» de la excepcionalidad y cuestionamientos de expertos respecto a la eficacia de la militarización frente a la capacidad de adaptación de las bandas criminales.
Balance de una violencia sin precedentes en la Costa
Durante 2025, el panorama de seguridad en el litoral ecuatoriano se ha deteriorado drásticamente a pesar de la presencia ininterrumpida de las fuerzas del orden. En Guayas, se contabilizaron 3,771 homicidios entre enero y noviembre, un aumento significativo frente a los años previos.
Por su parte, Los Ríos y Manabí superaron por primera vez la barrera de las 1,000 muertes anuales, con repuntes del 55.8% y 48.7% respectivamente en comparación con 2024.
El Oro también reportó su peor registro histórico con 708 víctimas. Estos indicadores sugieren que la estrategia de control territorial no ha bastado para contener las disputas entre grupos como Los Lobos o Los Tiguerones, cuya fragmentación interna tras la captura o extradición de líderes ha intensificado los enfrentamientos.
La Corte Constitucional, a través del juez Raúl Llasag, ha manifestado su preocupación por el uso del estado de excepción como un mecanismo para encubrir deficiencias estructurales en las políticas públicas. El organismo subraya que la medida extraordinaria no debe sustituir la acción institucional ordinaria ni las políticas de desarrollo social necesarias para abordar las causas profundas de la criminalidad, como la exclusión y la desigualdad.
En sintonía con esto, analistas como Renato Rivera señalan que, si bien la militarización ofrece una sensación de control a corto plazo, la reconfiguración de alianzas criminales y la adaptación de las redes delictivas anulan los efectos sostenidos de la intervención armada, citando como ejemplo el caso de Durán, que no ha logrado reducir su tasa de homicidios pese a años de vigilancia militar.
Estrategia 2026: Inteligencia y combate al lavado de activos
Ante el fracaso de la contención mediante el patrullaje convencional, el Ejecutivo ha anunciado un giro en su estrategia para el 2026, enfocándose en desarticular las estructuras económicas del narcotráfico y la minería ilegal. El ministro del Interior, John Reimberg, destacó la reciente extradición de cabecillas vinculados al lavado de activos como un paso hacia el combate de los «cuellos blancos» del crimen organizado.
El plan para el nuevo año incluye la implementación de mayor tecnología, como drones, cámaras de vigilancia y vehículos motorizados en zonas críticas, además de mantener el régimen de excepción en nueve provincias y diversos cantones bajo el argumento de «grave conmoción interna» y la necesidad de proteger a los servidores públicos ante amenazas directas de las mafias.
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