Un total de 583 docentes y auxiliares de educación sentenciados por delitos contra la libertad sexual, han sido retirados del sector Educación, reveló el ministro del ramo, Daniel Alfaro Paredes, en la sesión realizada por la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de edad en Organizaciones, que preside el congresista Alberto de Belaunde (NA).
También informó que a la fecha, 796 docentes se encuentran en proceso administrativo disciplinario. Señaló que un 14% de casos reportados en el Programa “SISEVE” son por violencia sexual, los cuales están siendo investigados exhaustivamente.
“La realidad nos exige acciones contundentes para proteger a nuestros niños y adolescentes. La protección de nuestras niñas y niños es una política de Estado”, subrayó.
Alfaro Paredes dijo que se están aplicando seis protocolos de atención a la violencia escolar y guías para prevenir y atender la violencia sexual, teniendo en cuenta la violencia sicológica y física, sin lesiones, entre estudiantes, violencia sexual y física, lesiones con armas, entre estudiantes, violencia sicológica del personal de la IE a estudiantes, violencia familiar o de otra persona.
“Condenar la violencia sexual debe ser un compromiso de todos. Tolerancia cero con los agresores sexuales”, remarcó.
Agregó que uno de sus principales objetivos es consolidar la prevención y atención de la violencia sexual en instituciones educativas rurales. Citó como ejemplo lo actuado en la UGEL de Condorcanqui, en la cual se adoptó medidas concretas para lograr resultados inmediatos y que perduren en el transcurso del tiempo.
La congresista Úrsula Letona (FP) manifestó que en la sesión de la mañana de la Comisión de la Mujer, se aprobó llevar adelante un registro de aquellas personas que delinquen por violencia familiar, violencia contra la mujer y violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes en los centros escolares, por lo cual pidió al ministro mediar a fin de que el Ejecutivo no observe el proyecto.
El ministro de Educación manifestó estar dispuesto a defender la propuesta porque será de un gran servicio para su sector.
Juan Carlo Yuyes (FP) pidió al ministro de Educación que esta política de erradicación de la violencia sexual de los centros escolares debería aplicarse con drasticidad en las ciudades y pueblos ubicados en zonas de frontera, como Tumbes.
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