Por Alfonso Velásquez-Artículo de opinión
Candidato a diputado por Lima
Renovación Popular # 12
Desde los cerros de San Juan de Lurigancho no solo se observa Lima extendiéndose hasta el horizonte; se percibe, sobre todo, el pulso del Perú real. El Perú que madruga, que trabaja sin horario, que emprende sin respaldo y que produce sin reconocimiento. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, no es un problema social: es una potencia productiva subutilizada.
En sus calles, laderas y barrios conviven miles de pequeños negocios, talleres familiares, comerciantes, transportistas, servicios, cocinas que funcionan como microempresas y jóvenes que han aprendido oficios en la práctica. Aquí hay capacidad, resiliencia y una cultura del esfuerzo que no espera regalos.
Lo que falta no es talento ni voluntad. Lo que falta es orden productivo, visión estratégica y una política pública que deje de tratar al emprendedor como informal y empiece a reconocerlo como actor económico.
Durante décadas, la respuesta del Estado hacia distritos como San Juan de Lurigancho ha sido básicamente asistencial. Bonos, programas temporales y discursos centrados en la pobreza. Eso puede aliviar urgencias, pero no construye futuro. El desarrollo sostenible nace cuando se produce más, se vende mejor y se integra a los mercados, no cuando se administra la precariedad.
Este distrito tiene condiciones reales para convertirse en un polo de economía urbana productiva. Manufactura ligera, servicios especializados, comercio organizado, logística de cercanía, gastronomía con identidad y emprendimientos tecnológicos de base popular ya existen, pero están dispersos, sin articulación ni apoyo técnico. No se trata de inventar una nueva economía, sino de potenciar la que ya está en marcha.
El cambio empieza por una mirada distinta sobre la informalidad. No como un delito permanente, sino como una etapa previa a la formalización productiva. La formalización no se impone con sanciones, sino con incentivos reales: acceso al crédito, capacitación vinculada al mercado, simplificación regulatoria, acompañamiento técnico y encadenamiento con empresas más grandes y con la exportación. Ordenar la economía popular no significa quitarle su esencia, sino darle herramientas para crecer, competir y generar empleo digno.
Cuando el pequeño productor mejora su productividad, el barrio progresa. Cuando el barrio progresa, la ciudad se fortalece. Y cuando la ciudad produce, el país crece.
San Juan de Lurigancho no pide caridad ni discursos emotivos. Pide una decisión política: que el Estado deje de administrar la pobreza y empiece a gobernar para la producción. Pide que la ley, el crédito, la capacitación y la infraestructura estén al servicio de quienes trabajan y emprenden, no de la burocracia ni del asistencialismo.
El Perú no necesita más relatos, necesita rumbo. Y ese rumbo pasa por reconocer que el desarrollo no se decreta desde los escritorios ni se reparte en bonos, sino que se construye integrando a millones de peruanos al mercado formal y productivo. Desde los cerros de Lima emerge una verdad incómoda para la política tradicional: sin revolución productiva no hay gobernabilidad, y sin producción no hay país. Quien no lo entienda hoy, llegará tarde mañana.
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