La Comisión Permanente otorgó el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe respecto de la denuncia constitucional 365, formulada por congresistas de Acción Popular contra el exfiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry Vallejos.
La acusación es por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal y encubrimiento real tipificados en los artículos 404 y 405 del Código Penal; así como en la supuesta infracción constitucional a los artículos 159 (incisos 1, 2 y 4), 139 (inciso 2), 39 y 44 de la Constitución Política del Perú.
El acuerdo fue tomado en la sesión virtual de la Comisión Permanente realizada este jueves, con la conducción del presidente del Congreso Manuel Merino De Lama, y los miembros de la Mesa Directiva.
Previamente fue desestimado el pedido planteado por los congresistas María Retamozo Lezama (FREPAP) y Gino Costa Santolalla (PM) de que sea acumulada la denuncia constitucional 322 a pesar de que esta se encuentra en fase de audiencia para los descargos del imputado.
El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel Alva, (AP) precisó que se trata de nuevos hechos presentados en la denuncia presentada por 14 congresistas de AP, nuevo periodo parlamentario, nuevos presuntos delitos y además porque “en este caso se está considerando juicio político que no está viendo el congresista Aliaga como coordinador de la denuncia 322”.
EXPARLAMENTARIOS
También se otorgó el plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional 246, formulada por la excongresista Janet Sánchez Alva, contra la excongresista Maritza García Jiménez, por la supuesta infracción al artículo 38 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de falsedad genérica contemplado en el artículo 438 del Código Penal.
También se dio cuenta de la acumulación y otorgó el plazo de 15 días hábiles dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe respecto de las denuncias constitucionales 296, 297, 299 y 300 presentadas por los excongresistas María Elena Foronda Farro, Richard Arce Cáceres, José Marvin Palma Mendoza, Gloria Montenegro Figueroa, respectivamente contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, por presunta infracción constitucional y al Código Penal.
La denuncia constitucional 296, se sustenta en la presunta infracción constitucional a los artículos 39 y 44 de la Constitución Política del Perú, así como por la supuesta comisión de los delitos de extorsión, concusión, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal y tráfico de influencias, previstos en los artículos 200, 382, 384, 385 y 400 del Código Penal, respectivamente; en tanto que la denuncia constitucional 297 fue planteada por la presunta infracción constitucional a los artículos 39, 43 y 93 de la Constitución Política del Perú y la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, patrocinio ilegal y tráfico de influencias, previstos en los artículos 317, 384, 385 y 400 del Código Penal, respectivamente.
Asimismo, recae sobre el exparlamentario la denuncia constitucional 299 por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravada, concusión, banda criminal y cohecho pasivo propio, previstos en los artículos 400, 382, 317-B y 393 del Código Penal, respectivamente; y la denuncia constitucional 300 por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, previstos en los artículos 394 y 400 del Código Penal, respectivamente.
Al respecto el congresista Jorge Vásquez Becerra (AP) solicitó que se acumule la denuncia 367 presentada por la Fiscal de la Nación contra el congresista Héctor Becerril porque versan de materias similares; sin embargo, Roel Alva dijo que el informe -que recientemente fue aprobado por la subcomisión- está siendo firmado por los congresistas tras lo cual se verá si cumple con los requisitos de acumulación. El pedido del legislador fue desestimado.
Otras denuncias
Así también se dio cuenta del informe procedente y otorgó el plazo de 15 días hábiles dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe respecto de la denuncia constitucional 366, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el ex juez supremo, César Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio Ilegal, previstos en los artículos 317, 400, 395, 398 y 385 del Código Penal, respectivamente.
Además, se incluye en la misma la denuncia contra el fiscal supremo, Tomás Gálvez Villegas, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y patrocinio ilegal, tipificado en los artículos 317, 400, 398 y 385 del Código Penal, respectivamente.
Asimismo contra el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez Benites, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal, previsto en los artículos 317, 395 y 385 del Código Penal, respectivamente; y, contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico, tipificado en los artículos 317 y 395 del Código Penal, respectivamente.
Posteriormente, se dio cuenta del informe procedente y otorgó el plazo de 15 días hábiles dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe respecto de la denuncia constitucional 247, formulada por el Fiscal Supremo, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en representación de la Fiscal de la Nación, contra el exvocal de la Corte Suprema César José Hinostroza Pariachi y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila Grados, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico tipificados en los artículos 317, 385, 395 y 398 del Código Penal, respectivamente.
PROCEDENTE EN UN EXTREMO
La Comisión Permanente dio luz verde a la denuncia constitucional 245, formulada por la excongresista Janet Sánchez Alva contra la excongresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, por la supuesta infracción al artículo 38 de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica, contemplados en los artículos 397, 427 y 438, respectivamente, del Código Penal.
También se otorgó el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haga la investigación y presente el respectivo informe
IMPROCEDENTES
En otro momento la Comisión Permanente dio cuenta y envió al archivo 14 denuncias constitucionales. Se trata de las denuncias constitucionales 241, 253, 254, 261, 265,274, 282, 283, 286, 289, 293, 304, 308 y 369.
Entre otros, se denunciaba constitucionalmente al presidente de Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo por infracción constitucional y al Código Penal; a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por la presunta infracción constitucional a los artículos 38 y 139 (inciso 2) de la Constitución Política del Perú y a miembros del Tribunal Constitucional. También se declararon improcedentes otras denuncias constitucionales presentadas por ciudadanos contra funcionarios públicos
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