Por: Ing. Jhon Reynaga Soto / ex Congresista de la República
En el Perú 3 millones 51 mil 612 personas padecen de algún tipo discapacidad, representando el 10,4% del total de la población, de acuerdo al censo del INEI 2017.
La cuota laboral es un mecanismo legal que busca reducir la falta de inclusión laboral de personas con discapacidad (PCD) en nuestro país, obligando a las empresas e instituciones públicas a dar oportunidades de trabajo.
Esta cuota es parte de una serie de beneficios hacia las PCD, que en entonces como presidente de Inclusión social del congreso de la república persistí conjuntamente con otras organizaciones para su aprobación de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, promulgada el 24 de diciembre del 2012; además desde el 7 de abril del 2014 el ejecutivo promulga el reglamento de la ley en mención y para adelante demás normas conexas, la cuota laboral establece que una empresa con más de 50 trabajadores contrate por lo menos el 3% de PCD dentro de su fuerza laboral en el sector privado y de 5% en el sector público, para lo cual revisarán las planillas vía sistema digital y en físico, tendrán diversos beneficios las entidades y ajustes razonables las PCD que laboren. De no cumplir con esta medida, serán sancionadas con multas de entre 12 UIT (S/. 49,800) a 15 UIT (S/. 62,250).
Desde entonces hasta la fecha, que por cierto estamos a mitad de gobierno de PPK – Vizcarra y los avances en beneficio a las PCD no han sido los esperados. Es necesario sancionar a los responsables o cambiarlos por la falta de interés para su cumplimiento de esta materia de acuerdo a ley.
Las empresas, instituciones públicas y privadas, buscan triquiñuelas para sacarle la vuelta a la ley, ante la indiferencia del CONADIS, buscan formas discriminatorias para eludir su responsabilidad social, realizan convocatorias que se simplifica a un mero trámite burocrático, tan solo para informar que cumplieron y decir que no hubo participantes con el perfil adecuado, en otros casos ponen perfiles como para que nadie postule y los que tienen mejor suerte los contratan con sueldos igual o menor que el sueldo básico; como testimonio postule a una convocatoria para PCD de COSAPI con sueldo por encima de una remuneración parlamentaria, al cual cumplía el perfil, pero ellos lo que buscan es solo que postules después no terminan con el procedimiento.
De las 50 Mil empresas obligadas, apenas cumplen la cuota el 0.5% (250 empresas); a nivel de Ministerios el que en parte cumple con la cuota es el Ministerio de Energía y Minas con 1.85% y el único Gobierno Regional que cumple con la cuota es Moquegua con 5.3%, estos últimos datos fuente Ana Mendieta Ministra de la Mujer, en el caso de la municipalidades hay mucha marginación.
El CONADIS como ente rector no puede articular ni fiscalizar su función en el tema laboral para PCD y mucho menos no puede articular intersectorialmente e intergubernamental, muy lamentable Sr. Presidente Vizcarra que su gobierno perjudique a la población vulnerable, además deben fiscalizar a nivel nacional el MINTRA mediante la SUNAFIL a las empresas, y la PCM mediante SERVIR a las instituciones públicas, y por qué no lo hacen. En esta mitad de gobierno que le resta póngase en el zapato de las PCD y deje huella aprovechando que tenemos todas las herramientas jurídicas y sociales.
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