Durante la emergencia sanitaria surgieron diversas propuestas de controles de precios, por ejemplo, a mediados de mayo se presentó un proyecto de ley para regular los precios de los medicamentos y productos necesarios para la salud.
Poco después surgieron más iniciativas con el fin de controlar las tarifas de las clínicas privadas y, a fines de febrero, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por insistencia la ley que fija topes a las tasas de interés bancarias (precio del crédito).
Este tipo de políticas suelen surgir de tanto en tanto, en especial en casos de crisis como el actual. Desde el Congreso se mantienen en debate varias iniciativas con el objetivo de controlar los precios en diversos sectores, como las finanzas, salud y educación.
Tipos de controles de precios
Existen distintas maneras de imponer controles de precios. Por un lado, se puede aplicar un precio máximo, que suele fijarse por debajo del precio óptimo de mercado, o un precio mínimo, que suele estar por encima del mismo. Incluso, se puede establecer una franja de precios con un precio tope y un precio piso.
Por otra parte, pueden fijarse precios referenciales, de modo que las empresas se vean incentivadas a establecer sus precios en base a ellos. También es posible incidir en los precios a través de otras políticas, por ejemplo, mediante el uso de tipos de cambio preferenciales o de barreras no arancelarias, como las cuotas de mercado.
Efectos del control de precios
En primer lugar, es importante recordar que los precios de los bienes se determinan en base a las fuerzas de oferta y demanda. Por un lado, los productores eligen los precios según sus costos de producción, los que dependen a su vez de los salarios de los trabajadores y del precio de los insumos. Así, el productor de un bien lo ofrecerá al mercado si y solo si el precio de venta logra compensar los costos en los que incurre. Por otro lado, los consumidores demandarán una mayor cantidad de bienes mientras menores sean los precios.
Experiencias en la región
Uno de los casos más recientes es el de Argentina, donde a mediados de enero el gobierno amplió la lista de productos que forman parte del programa Precios Cuidados, el cual establece precios máximos a bienes considerados de primera necesidad, entre alimentos y productos de limpieza. En consecuencia, los productos sujetos al programa comenzaron a escasear en los supermercados a tan solo una semana de aplicada la medida.
Por su parte, en Ecuador, el Ministerio de Salud Pública se encarga de fijar precios máximos a determinados medicamentos de uso y consumo humano. Al respecto, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos ha señalado que esta medida, vigente desde el 2014, ha perjudicado a la industria nacional al incentivar la demanda por medicamentos importados no regulados. Además, la asociación indica que el verdadero problema es la falta de incentivos para la competitividad de los laboratorios nacionales.
Experiencia nacional
El Perú cuenta con una amplia experiencia en controles de precios y los daños que esta medida genera. En la década de los ochenta, se establecieron precios fijos a diversos productos alimenticios. Como resultado, escasearon los alimentos y se generaron largas colas en los mercados. También se controló el tipo de cambio, lo cual incentivó el surgimiento de un mercado negro de divisas.
Alternativas
De acuerdo al Banco Mundial, si bien situaciones de emergencia como la causada por el COVID-19 requieren aplicar medidas extraordinarias, estas no deben estar en desacuerdo con los principios de libre competencia. Por un lado, incentivar la competencia permite que el mercado se equilibre por sí solo y que los precios de los productos se reduzcan naturalmente. Dado el incremento de los precios, las empresas se verán incentivadas a producir una mayor cantidad de los productos más demandados, lo cual aumentará la oferta y producirá que los precios bajen.
Por último, se debe fortalecer la regulación contra prácticas anticompetitivas, tales como acuerdos para fijar precios y cantidades de productos ofertados. En Perú, el Indecopi es la entidad encargada de evaluar y sancionar las conductas anticompetitivas de las empresas. Sin embargo, aún existen espacios de mejora respecto a su eficiencia y rapidez de resolución de denuncias.
Por. Jorge Grados
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