Halló responsabilidad civil, penal y administrativa en 250 funcionarios
La Contraloría General de la República identificó en los servicios de control posterior realizados a siete Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao, en el periodo 2003 al 2017, perjuicios económicos por S/ 161’518,164. La mayor cantidad de perjuicios se registran en el periodo 2015-2017, evidenciándose el monto de S/ 150’645,881.
Así lo dio a conocer el contralor Nelson Shack Yalta durante su intervención ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso, encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.
Detalló que los perjuicios económicos evidenciados en las Unidades Ejecutoras son: Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (6´000,000), Hospital de Ventanilla (3’620,384), Gobierno Regional del Callao (141’772,521), Dirección Regional de Educación del Callao (7’302,711), Dirección Regional de Salud I Callao (469,859), Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (2’338,887) y Hospital San José (13,802).
Detalló además que en el periodo 2011-2018, se halló responsabilidad penal, civil y administrativa en 250 funcionarios de estas unidades del primer puerto.
Evaluación de Declaraciones Juradas
Recordó que ya ha dispuesto la evaluación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de todos los Jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Región Callao, tanto de los recientemente nombrados como de los salientes.
Asimismo, indicó que se ha realizado un cambio integral en las Jefaturas de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las Unidades Ejecutoras de la Región Callao. Incluso se ha incrementado de cuatro (4) a ocho (8) jefaturas.
De otro lado, el contralor anunció que presentará una iniciativa legislativa para inhabilitar hasta por cinco años a la más alta autoridad ejecutiva de la institución y a los funcionarios responsables del manejo del presupuesto, tesorería y contabilidad cuando los resultados de las auditorías financieras gubernamentales sobre los recursos públicos sean adversos o de abstención de opinión.
Explicó que hay resultados de auditorías financieras que dictaminan Abstención de Opinión -debido a que no se le entregó la documentación requerida al auditor para el análisis-, u Opinión Adversa –que quiere decir que se ha hecho una mala aplicación de los procedimientos contables, presupuestales y financieros.
“Actualmente no existe sanción, por eso, estamos planteando una iniciativa legislativa para ampliar una infracción en el Procedimiento Administrativo Sancionar (PAS) que conlleve a la inhabilitación por cinco años de todos estos funcionarios responsables cuando no haya un buen resultado de las auditorías en la gestión de los recursos públicos”, anotó.
Shack Yalta manifestó la importancia de esta iniciativa que permitirá sancionar ejemplarmente a los funcionarios responsables ante lo evidenciado en el Gobierno Regional del Callao en los últimos cuatro años, respecto a los resultados de las auditorías financieras.
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