La legisladora Milagros Salazar expresó su preocupación de que las políticas referidas a la atención en salud, no necesariamente se condigan con la realidad. Fue durante la sesión del grupo de trabajo que evalúa el Decreto de Urgencia 017-2019, y que establece medidas para la cobertura universal en salud.
A la reunión asistieron los funcionarios Hernán Ramos Romero, gerente central de Seguros y Prestaciones Económicas del Seguro Social de Salud, y Felipe Jesús Carrasco Retamozo, director general del Centro de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).
Ambos explicaron que al Seguro Integral de Salud (SIS) se sumarán dos millones más de beneficiados, además de los dos ya inscritos el año pasado, mediante la modalidad de convenios de intercambio prestacional que cubrirán, al 8 de enero del presente año, a un total de 92% de personas cubiertas por el mencionado sistema de salud.
Así también, el representante de CENARES aseguró que debido a la compra de medicinas en bloque y con tiempo anticipado, se asegura el abastecimiento de las mismas hasta el año 2021.
La legisladora Milagros Salazar, quien hoy coordinó la sesión del grupo de trabajo, sostuvo que es importante la visión de la planificación que se tiene en el papel, pero hay que llevarlo a la parte operativa.
“Hasta el momento – dijo – estamos identificando la demora en la entrega de registro sanitario de los medicamentos, hay empresas privadas internacionales que quieren venir al país pero se demoran para entregar las autorizaciones de registro sanitario.
Eso hace que solamente 35 empresas estén monopolizando las adjudicaciones directa de medicamentos y eso también origina o permite que no se bajen los precios”.
La sugerencia es que a medida como el DU 017 se incluya también a DIGEMIN, que es el responsable de entregar los registros sanitarios y no solamente se consideren a los establecimientos de salud de Fuerzas Armadas. Una mayor apertura originaría la rebaja de precios de las medicinas.
Otro punto que preocupa a las otras legisladoras integrantes del grupo, como Luz Salgado y Lizbeth Robles, es que los gobiernos regionales actualmente estén re direccionando los fondos para compras de medicinas y éstos sean utilizados para pago de personal u otro tipo de actividades.
Las legisladoras se refirieron a la necesidad de establecer a participación activa de la Contraloría, entidad que debe monitorizar y sancionar, de ser el caso, los procesos de compras irregulares.
En otro momento, Salazar De la Torre recordó que el Congreso aprobó una Ley de Rectoría en Salud, de su autoría, que tenía que ser reglamentada donde se incluía al MINSA como ente rector que debe hacer supervisión.
“Si bien es cierto este ministerio no interviene en sanciones a los gobiernos regionales, sí debe informar si hay afectación de los fondos para la adquisición de medicamentos ya que se afectaría la salud del pueblo”, indicó.
“Es preocupante e irresponsable que el gobierno diga que todos van a tener atención universal en salud de manera populista. Ese anuncio debería estar acompañado de la parte presupuestal. Se debe cubrir la parte de infraestructura, equipos y medicamentos. Con el mismo presupuesto y recurso humano no se puede atender a más personas; los establecimientos no son elásticos, en vez de atender a dos atiendo a 10”, explicó la parlamentaria.
Del mismo modo quedó pendiente para su discusión en el Pleno, un proyecto de ley que buscaba potenciar el SIS. “El SIS es un seguro gratuito, pero debemos identificar a las poblaciones de acuerdo a sus recursos. Hay personas en extrema pobreza a la que les correspondería tener los beneficios del SIS.
En el país casi el 80 % son trabajadores informales, pero hay informales grandes, medianos y pequeños que no tributan, a ellos se les plantear un SIS parcializado, con bajo costo de 40 soles mensuales para garantizar la atención en salud de la pareja o los hijos pero esto no se ha difundido, comentó.
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