El Pleno del Tribunal Constitucional debate hoy públicamente la ponencia del magistrado Carlos Ramos, que recomienda declarar infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón.
Para tres constitucionalistas consultados sobre el tema, esta propuesta no es muy clara y, añaden, se deben fijar pautas para el futuro del país.
En diálogo con el canal del Congreso, el ex titular del Parlamento, Ántero Flores- Aráoz, señaló que se debe interpretar cuáles son las cuestiones de confianza que conllevan a una disolución del Parlamento para acabar con las dudas.
“Yo creo que sí es conveniente que se fijen pautas para el futuro. Pautas interpretativas de lo que dice la Constitución. Yo soy constituyente, soy parte de lo que se hizo en la Constitución, pero hay cosas que no están fijadas en la Constitución y tampoco en el Reglamento del Congreso, entonces merece una aclaración que se puede hacer a base de las interpretaciones que pudiera hacer el Tribunal Constitucional, que como dice en su ley orgánica, es el principal intérprete de la Constitución”, expresó.
En otro momento, no coincidió con quienes sostienen que a raíz de la ponencia podría darle un poder o control absoluto al presidente de la República contra el Congreso. “La verdad que no, eso es estimar que los parlamentarios que salgan elegidos no hagan nada. Nadie sabe quiénes van a ser elegidos y menos sabemos el carácter de todos ellos. Entonces, pretender que el Congreso no va a tener carácter para poder ponerle un párale al presidente si se quiere acceder, es un prejuicio”, señaló.
Flores-Aráoz reiteró su postura de que la disolución del Congreso fue inconstitucional. Según explicó, una disolución solo se da en dos casos, el primero al negar la confianza a dos gabinetes y cuando se trata de una política de Estado.
“Ninguno de los dos casos se dio. En consecuencia, ninguna de las dos cosas calzan con el tema de la confianza que conlleve una disolución del Congreso, por eso creo que la disolución fue inconstitucional”, aseveró.
URVIOLA: QUE SIRVA PARA EL FUTURO
En igual sentido se pronunció el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola Hani, quien señaló que el documento (la ponencia) es muy interesante académicamente, con bastante de historia y referencias a los hechos del presente, pero que, a su parecer, no prevé ninguna situación para el futuro del país.
“(No tiene) casi nada del futuro porque en cierta forma no dice nada respecto a las limitaciones que debe tener sobre cómo se interpreta una negativa en una cuestión de confianza. Dice que lo normal es que las votaciones sean expresas, eso es lo normal y lo correcto, lo que se ha debido producir siempre”, expresó.
En ese sentido, reiteró que es una ponencia buena desde el punto de vista académico, pero subrayó que no asume la responsabilidad que tiene el TC de fijar parámetros para el futuro, que es una de las tareas que tiene ese organismo cuando tiene que interpretar la Constitución.
“Considero que en el mismo debate, el doctor Ramos con la capacidad y el buen criterio que tiene podría aceptar algunas modificaciones para hacer algunos ajustes en su ponencia”, resaltó.
Urviola destacó la importancia que tiene el TC porque está en un momento histórico. “Si el TC no dice nada sobre la cuestión de confianza y de cómo se debe interpretar su negativa, yo creo que estaría lavándose las manos y además perdería el tren de la historia. Tiene que ser un fallo claro, que sirva para el futuro del país y no para liberar de responsabilidades que ejecutan nuestros actos”, enfatizó el expresidente del TC.
GARCÍA TOMA: ES DECEPCIONANTE
Víctor García Toma, constitucionalista y catedrático universitario, fue más crítico sobre la ponencia del magistrado Ramos: el proyecto es breve, poco argumentativo y expresa algunas consideraciones sin el debido sustento.
“La sentencia nos decepciona porque ya en la parte sustancial o medular que convoca a la solución del conflicto de competencias, no solamente el proyecto es breve, es poco argumentativo”, sostuvo.
El constitucionalista refirió que tampoco se aclara si hay o no un conflicto de competencia por menoscabo, que significa que se le reconozca al Poder Ejecutivo la capacidad para presentar leyes y se le reconozca la potestad de, en determinadas circunstancias, hacer cuestiones de confianza.
“El problema es que ambas se hacen en el marco de la competencia que es única, exclusiva y excluyente del Parlamento, que es llevar a cabo el proceso de elección de los magistrados del TC. Tampoco precisa de manera rotunda qué significa la llamada negación fáctica, más aún, deja entrever que el derecho exige una declaración expresa”, anotó.
En otro momento, dijo que el magistrado Ramos sí ha sido muy prolijo, muy exacto y muy preciso para describir el petitorio de la demanda formulada por el Congreso de la República. También, opinó, ha descrito con gran capacidad de síntesis los argumentos del Poder Ejecutivo.
De igual forma, indicó García Toma, se ha hecho una síntesis de las bases teóricas del derecho constitucional en materia de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y ha sido muy profuso, debido a sus conocimientos históricos, en torno a esas relaciones en el ámbito nacional.
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