La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que fue conducida hoy por el congresista Jorge Montoya Manrique, analizó tres denuncias constitucionales, entre ellas una contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, la cual fue archivada.
El grupo de trabajo archivó su caso porque antes se declaró improcedente una denuncia en la que el exmandatario fue acusado por los mismos hechos que comprenden otras denuncias que están en su fase final acusatoria.
En la sesión de la SAC se hizo alusión al principio de no procesar dos veces por los mismos hechos a una misma persona, salvo la presentación de nuevas pruebas y en un nuevo periodo legislativo anual.
La denuncia constitucional tiene que ver con la designación del secretario general del despacho presidencial en la gestión del expresidente Pedro Castillo, quien se habría reunido con Sagasti Hochhausler a fin de que los requisitos para ese cargo sean diferentes.
De acuerdo a la propuesta de informe de calificación, elaborado por la secretaría técnica de la SAC, Sagasti Hochhausler también es acusado de ordenar, de forma inconstitucional, el pase al retiro de varios tenientes generales, como consecuencia de la designación del general César Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional del Perú.
Según se informó, se trata de un caso comprendido en una denuncia anterior que se encuentra en su fase final.
El grupo de trabajo también evaluó el informe de calificación de la denuncia interpuesta por la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra Félix Inocencio Chero Medina, por su actuación como ministro de Justicia, a quien se le acusó de la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, falsedad genérica y otros. La denuncia también fue archivada.
Además, se declaró inadmisible la denuncia constitucional contra Henry José Ávila Herrera por su actuación como miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la posible comisión del delito de cohecho pasivo. No obstante, se aprobó otorgar un plazo de tres días hábiles a la parte denunciante para subsanar omisiones advertidas.
Por último, fue archivada la Denuncia Constitucional 422, interpuesta por el ciudadano Nolberto Alejandro Rubio Flores en contra de Imelda Julia Tumialán Pinto, por su actuación como miembro de la Junta Nacional de Justicia debido a una supuesta infracción a la Constitución y haber cometido supuestamente delitos de abuso de autoridad, omisión y rehusamiento de actos funcionales.
Fuente: Agencia Andina
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