La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó acusar constitucionalmente al exministro de la Producción Jorge Prado Palomino como presunto instigador del delito de negociación incompatible, de acuerdo con el artículo 399 del Código Penal.
Se trata de la denuncia constitucional interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana. A Prado Palomino se le acusa de permitir la contratación de su sobrino Edwin Chávez Prado en el Ministerio de la Producción.
El informe final recomienda acusar al ex-ministro por el mencionado delito, y remitir el caso a la fiscalía para que continúe con las investigaciones.
Archivo
Previamente, la subcomisión aprobó por mayoría el informe final de la denuncia constitucional contra el exministro del Interior Dimitri Senmache Artola, el cual recomienda el archivo de la misma, ya que no existe mérito para formular acusación constitucional ante el pleno del Congreso.
La congresista Patricia Chirinos Venegas (Renovación Popular) denunció a Senmache Artola por supuestamente haber sido responsable político y operativo de la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, implicado en actos de corrupción durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.
Informes de calificación
Además, el grupo de trabajo que preside María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) aprobó seis informes de calificación, entre los cuales se encuentra el referido a la denuncia constitucional interpuesta por el excongresista José Vega contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, por presunta infracción de los artículos 7, 9, 38, 39, 44, 55, 118, inciso 1, de la Constitución.
Dicho informe declaró improcedente la denuncia y fue aprobado por unanimidad.
También se aprobó por mayoría el informe que recomienda admitir a trámite, por procedente, la denuncia constitucional interpuesta por el excongresista César Gonzales Tuanama, contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, por la presunta infracción de los artículos 93, 158, 159.1 y 201 de la Constitución, y la posible comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.
Se acusa al exfiscal de la Nación de tratar de impedir, bajo amenaza, que los congresistas, en el periodo complementario 2020-2021, continúen con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Informe
De igual manera, la subcomisión aprobó el informe de calificación sobre la denuncia constitucional interpuesta por Rudecindo Vega contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y la exministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, por la presunta infracción de los artículos 2 (incisos 3, 4, 13, 15 y 17), 22, 23, 27, 139 (incisos 3, 14, 38, 39, 45 y 90) de la Constitución, y la posible comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376-A del Código Penal.
Vega las acusa de haber, supuestamente, presionado para removerlo de su cargo en el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer). El informe recomienda declarar improcedente la denuncia y el archivo respectivo.
Fuente: Agencia Andina
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