Los congresistas Lizbeth Robles y Milagros Salazar coincidieron en señalar la necesidad de mejorar y modificar el DU 019-2019, el cual busca proteger a escolares de instituciones públicas y privadas, ya que advirtieron- que este no se ajustaría a criterios objetivos para sancionar a profesores y ciudadanos en diversos delitos.
Así lo dieron a conocer el viernes 10 durante la reunión del grupo de trabajo que revisa ese dispositivo legal. Asistieron los representantes de Poder Judicial, juez supremo José Neyra Flores; del Colegio de Profesores, Luis Palacios; del Sindicato de Educadores- SUTEP, y del presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de Cañete.
Recordemos que el DU 019-2019 establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.
Al respecto, el juez supremo José Neyra expresó su preocupación por la incorporación de una medida preventiva en base a una sola denuncia que se haga ante la policía o administrativamente.
¿Basta solo con una denuncia?, se preguntó. Dijo que “el tema está en cuál es el estándar de la información que se va requerir, porque a cualquiera le pueden denunciar y suspenderlo de su trabajo”.
También informó que el Poder Judicial está trabajando a través de sus 34 cortes superiores, un registro de personas condenadas o procesadas a nivel nacional por delito de terrorismo, apología del mismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, como lo refiere el DU 019.
Dijo que dicho registro estará a disposición de las autoridades educativas.
A su turno, el representante Colegio de Profesores del Perú, Luis Palacios, también expresó su preocupación por la falta de precisiones en relación al delito y sus procedimientos, toda vez que habría que precisar el procedimiento de separación y sanción de los maestros incursos en estos tipos de denuncias.
“Nos preocupa que por una simple denuncia o sospecha, se separe de forma inmediata al profesor, vulnerando sus derechos por lo que no compartimos parte de este decreto y que merece reformularlo con más precisiones o estándares legales al respecto”, manifestó Luis Palacios del Colegio de Profesores.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Guillermo Portal García, dirigente nacional del SUTEP, dio a conocer su preocupación por la vigencia del DU en mención y consideró que esta norma debe revisarse porque estaría vulnerando los derechos del magisterio nacional.
“La norma no es clara ni precisa en diversos aspectos. En un evento cualquiera un profesor puede ser denunciado por un alumno, padre de familia o ciudadano alguno de forma intencionada y no tendría el tiempo suficiente para defenderse porque será separado de forma inmediata de acuerdo al DU. Se vulneraría algunos derechos de los maestros del país”, expresó el dirigente.
Los congresistas Milagros Salazar y Lizbeth Robles, luego de escuchar las opiniones de los invitados, coincidieron en señalar la necesidad de revisar y corregir dicho decreto porque no abarcaría de forma integral a los responsables de actos delictivos en los centros educativos del país.
“No solo se debe sancionar al profesor, se debe ampliar las sanciones a la parte administrativa, es decir, los funcionarios y directores que son los que determinan de forma directa o indirecta en la contratación de docentes. Se debe incluir a todos con equidad”, consideró la congresista Milagros Salazar.
En esa misma línea de opinión su colega Lizbeth Robles, refirió que los delitos se deberían acreditar fehacientemente para que no existan abusos e injusticia en estos casos cuando no son flagrantes.
También hizo una reflexión para tener cuidado y vigilancia sobre el accionar de un reducido grupo de profesores que harían apología en diversos centros educativos del país, y que deberían ser sancionados.
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