La Comisión de Salud y Población, presidida por el legislador, Omar Merino López (APP), aprobó, por unanimidad, un informe técnico respecto del proceso de investigación y estudio clínico que se efectúa sobre las vacunas inoculadas por Sinopharm a miles de voluntarios en el país.
El documento que será elevado a la Mesa Directiva del Congreso fue aprobado por unanimidad y en él se afirma que el extracto del reporte preliminar del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus, que fuera propalado en algunos medios de comunicación, sí demuestra de manera expresa la eficacia de una de las dos vacunas probadas, las mismas que se negociaron con el Gobierno chino para el suministro de vacunas que cubrirán a un sector de la población.
Resulta necesario, dice otra de las conclusiones, requerir de las autoridades competentes que se informe a la Representación Nacional, las razones por las que el Instituto Nacional de Salud (INS) habría autorizado la realización de un estudio preliminar sobre la eficiencia de las vacunas Sinopharm y, a su vez, se habría negociado ya la compra de estas sin haber obtenido los resultados finales del presente estudio.
Según información que dieron a la Comisión de Salud y Población en días anteriores los investigadores Coralith García Apac, investigadora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) del estudio de la vacuna de Sinopharm, y Eduardo Ticona Chávez, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), los ensayos de investigación con las vacunas chinas se hicieron en 11 601 voluntarios mayores de 18 años.
Según el detalle brindado por García Apac, los ensayos clínicos en la UPCH se hicieron inoculando la cepa Beijín en 2361 personas; mientras que a 2363 personas se les vacunó con la cepa Wuhan y a 2377 solo se les puso placebo, que es una sustancia inocua.
“Los investigadores a cargo del estudio, como los especialistas consultados, coinciden que existe una muy baja eficacia en la vacuna Wuhan. Lo que implicaría que las dos terceras partes de los voluntarios estarían en riesgo de enfermar, por lo que resultaría necesario adoptar medidas para su protección”, afirma el documento que se eleva a la Mesa Directiva.
“El informe preliminar presentado por la Junta de Vigilancia de los datos de la UPCH, según señaló el representante del INS, no habría sido elaborado siguiendo las guías internacionales de armonización de principios estadísticos para ensayos clínicos, por lo que los datos no están aún preparados para un análisis, no habiendo terminado de calificar los resultados clínicos. No habiéndose incluidos los resultados del Centro de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, se observa.
Se destaca también que el análisis no está basado en los criterios de eficacia determinados por el protocolo, por lo que este debe ser efectuado siguiendo las pautas y procedimientos establecidos a fin de evitar que la apertura del ciego y que la administración de vacunas genere nuevas interrogantes que no permitan determinar la real eficacia de la vacuna de la cepa de Wuhan.
“Señalamos dos demandas imperativas: la primera es la protección en el menor plazo posible de los voluntarios que recibieron la vacuna con la cepa de Wuhan y a quienes recibieron placebo. segundo, la necesidad de demandar el procesamiento y análisis de la información preliminar obtenida en el menor plazo posible con el fin de arribar a un resultado válido que determine la real eficacia de las vacunas sujetas al presente ensayo clínico”, finaliza el informe.
SOLICITAN PEDIR UN PLENO TEMÁTICO SOBRE CÁNCER
En otro momento la comisión acordó solicitar la realización de un Pleno temático que evalúe y legisle especialmente sobre el tema del cáncer en el país, con mención especial del cáncer infantil.
Fue luego de las solicitudes de los legisladores Jorge Luis Pérez Flores (Somos Perú) y Absalón Montoya Guivin (Frente Amplio), quienes coincidieron en señalar que la situación en el país así lo amerita.
Pérez Flores recordó que desde setiembre del año pasado se cuenta ya con la Ley 31041, Ley de Urgencia Médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente que establece la creación de un Programa Nacional de Cáncer del Niño y Adolescente. Sin embargo, hasta la fecha la citada ley no se reglamenta ni se implementa.
Asimismo, solicitó que se apruebe la presencia de la doctora Reina Isabel Bustamante Coronado, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, y del doctor Luis Huamaní Palomino, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, debido a que ambos estarían obstaculizando la implementación del programa nacional contra el cáncer propuesto desde la estructura de la Comisión de Salud, que entre sus integrantes tiene a diez legisladores que a su vez son médicos de profesión.
Pérez Flores explicó que la mencionada ley debió darse hace 30 años como se hizo en países vecinos, sin embargo, tenemos la tasa de mortandad más alta de la región. «De cada cien niños enfermos con cáncer, veinte se mueren por el abandono del tratamiento. En este contexto es imperativo la presencia de las autoridades mencionadas y la realización de un Pleno temático», recalcó.
PRESENTACIÓN DEL CONTRALOR
El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, opinó que la Contraloría debe volver a tener facultades sancionadoras, porque la práctica de su función así lo exige. Del mismo modo se inclinó por no volver a alquilar infraestructura hospitalaria para atender a pacientes COVID-19 como se estuvo haciendo.
La autoridad, que se presentó ante la comisión, se refirió al caso de la Red Asistencial de Tumbes a la que se le dotó de infraestructura temporal para ampliar la atención de sus pacientes; para ello se alquiló una estructura metálica por tres meses por un monto de un 1 955 442 soles. La Contraloría ha determinado fallas en el sistema de aire acondicionado en dicha infraestructura temporal de Zarumilla.
En Arequipa de igual forma, se detectaron riesgos en la recepción de la Villa EsSalud para pacientes con coronavirus. De igual modo en Chiclayo, Villa Médica del Cerro Juli (Arequipa), Villa EsSalud Cusco, donde se alquiló estructuras metálicas hospitalarias temporales por 2 340 412 soles.
En estos y otros casos mencionados, la Contraloría ha determinado responsabilidad en funcionarios a los que no puede sancionar, porque no está dentro de sus funciones.
Shack Yalta sostuvo que es casi imposible pensar que las mismas instituciones sancionen a su misma gente, en todo caso a personas que los mismos directores colocaron en sus respectivos cargo. Por ello, el contralor reiteró la necesidad que este Congreso legisle para que a esa institución se le devuelva la capacidad sancionadora que antes tuvo.
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