El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó mediante decreto un incremento del 23 % al salario mínimo para el año 2026, fijando la remuneración básica en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Este ajuste, calificado como el más alto desde 1960, supera ampliamente tanto la propuesta de los sindicatos (16 %) como la de los gremios empresariales (7.21 %), posicionándose como una medida de alto impacto social y político.
Durante el anuncio, el mandatario defendió su decisión bajo la premisa de que un salario más elevado dinamiza el empleo y el consumo, desafiando las advertencias de diversos sectores económicos sobre posibles presiones inflacionarias y un incremento en el déficit fiscal del país.
Fundamentos del «Salario Mínimo Vital» y controversia técnica
A diferencia de los criterios tradicionales que consideran la inflación y la productividad, el Gobierno ha basado este aumento en el concepto de «salario mínimo vital», enfocado en el costo de vida necesario para la subsistencia. Sin embargo, esta metodología ha sido cuestionada por expertos debido a presuntas inconsistencias en su cálculo.
Se señala que el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) utilizado para definir este monto se basó en estructuras familiares de 2017, cuando el promedio de personas por hogar era de 4, cifra que contrasta con el promedio de 2.8 registrado en 2025. Esta discrepancia técnica, sumada a la falta de alineación con los umbrales de pobreza del Dane, podría exponer el decreto a futuras demandas ante el Consejo de Estado.
Riesgos macroeconómicos y tensiones fiscales
El incremento del salario mínimo, que cuadruplica la inflación proyectada del 5 %, ha generado preocupación entre los analistas por sus efectos en la estabilidad monetaria. Existe el riesgo de que esta medida fuerce al Banco de la República a elevar las tasas de interés para contener el alza de precios, lo que podría desacelerar el crecimiento económico en un contexto de alto endeudamiento público.
Críticos del sector económico comparan esta estrategia con políticas aplicadas en gestiones populistas de la región, advirtiendo que la redistribución de ingresos sin un desarrollo productivo paralelo podría resultar insostenible para las finanzas del Estado a largo plazo.
Uno de los puntos más debatidos es la aplicabilidad del nuevo salario en un mercado donde la mayoría de los trabajadores se desempeñan en la informalidad y perciben ingresos por debajo del mínimo legal. Mientras el Gobierno apuesta a que esta «política agresiva de desarrollo productivo» fortalezca la economía popular, economistas heterodoxos y gremios advierten que la desconexión entre la productividad real (proyectada en 0.9 %) y el costo laboral podría incentivar la informalidad.
La medida se percibe, además, como una apuesta estratégica de cara a los próximos procesos electorales, buscando consolidar el respaldo de las bases sociales mediante la recuperación del poder adquisitivo.
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