Un violento enfrentamiento armado entre dos facciones disidentes de las extintas FARC en el departamento del Guaviare, situado en la Amazonía colombiana, dejó un saldo de al menos 48 combatientes fallecidos. La gravedad del suceso fue confirmada por el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, quien detalló a medios internacionales que la cifra proviene de reportes directos de las comunidades locales que quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.
Las disputas territoriales, motivadas por el control de las rutas del narcotráfico y la explotación de la minería ilegal, ocurren en la víspera de las elecciones presidenciales programadas para este 31 de mayo, en lo que representa la peor escalada de violencia registrada en Colombia durante la última década.
El desplazamiento de las fuerzas del orden y de los equipos de ayuda humanitaria hacia la zona del conflicto se ha visto seriamente retrasado debido a la complejidad geográfica del terreno -que demanda un trayecto de seis horas en vehículos todo terreno desde la capital regional- y a las alertas por la presunta colocación de minas antipersona en los perímetros de combate.
Registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales exponen la magnitud de la confrontación mediante ráfagas continuas de armamento pesado cerca de zonas residenciales rurales. Fuentes militares informaron a medios de comunicación que las hostilidades bélicas habrían iniciado el pasado lunes, aunque la persistencia de los enfrentamientos en las últimas horas permanece bajo reserva técnica.
Disputa criminal por corredores estratégicos y despliegue militar para los comicios
El departamento del Guaviare constituye un bastión histórico de la insurgencia que actualmente es disputado a muerte por las estructuras criminales dirigidas por Iván Mordisco, uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad del Estado, y la facción rival comandada por alias Calarcá.
Ambas organizaciones rechazaron los acuerdos de paz suscritos en el año 2016 y basan su financiamiento en la extorsión sistemática, el tráfico transnacional de cocaína y la devastación de áreas protegidas de la selva amazónica, imponiendo regímenes de terror basados en toques de queda coercitivos sobre la población civil.
Frente a este escenario de alta tensión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a medios de prensa escrita y radial que el Ejecutivo ha desplegado a 408,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en todo el territorio colombiano para blindar los centros de votación.
El plan de contingencia incluye el soporte logístico de aeronaves, patrulleras marítimas, vehículos blindados y sistemas tecnológicos de inhibición de drones. Las autoridades del sector admitieron la existencia de riesgos tangibles contra el sistema democrático debido a las economías ilegales, al tiempo que confirmaron que el mal tiempo meteorológico obligó a suspender la inserción aérea de tropas, las cuales ahora avanzan por vía terrestre para recuperar el control del sector.
Esta coyuntura replantea las críticas hacia la política de pacificación integral del saliente mandatario Gustavo Petro, posicionando a la seguridad ciudadana como el eje central del debate electoral.
Acerca del autor
