El informe de la Fiscalía conocido por Caracol Radio contiene un censo sobre el asesinato a líderes sociales desde el 2016 y con corte al 31 de diciembre del 2018 y muestra la radiografía de las muertes a los defensores de los derechos humanos en Colombia.
Se analizan 231 casos que están certificados por las Naciones Unidas, donde registran avances en las investigaciones 126, con 294 personas vinculadas y 189 personas capturadas o privadas de la libertad.
Se reporta un avance del 54,55 % en el esclarecimiento de los homicidios y aún se encuentran 50 asesinatos en fase de verificación de las Naciones Unidas.
El 85 % de los casos con 197 víctimas fueron hombres, 28 mujeres y 6 integrantes de la comunidad LGBTI asesinados.
El 37 % de las víctimas eran líderes miembros de juntas de acción comunal, mientras que líderes comunitarios corresponden al 24 %, Indígenas 13 % y campesinos el 10 %; también hay líderes sincales, políticos, de organizaciones de víctimas, de afrodescendiente y de población Lgbti.
Los departamentos más afectados son Antioquia con el 16% de los casos, seguido por Cauca con el 13 %, Norte de Santander con el 11 %, Valle del Cauca con el 6 % y Nariño con el 5 %.
El 67 % de los casos se registra en zonas rurales y los municipios y ciudades con el mayor número de asesinatos en los 3 años consecutivos son Tumaco en Nariño, Cúcuta y Tibú en Norte de Santander, Corinto en Cauca y ciudades capitales como, Medellín y Bogotá.
Llama la atención que de los 86 homicidios ocurridos en el 2018, 50 ocurrieron en 37 municipios donde nunca se había presentado un asesinato a líderes sociales.
Frente a los responsables de los asesinatos, en los casos que ya fueron esclarecidos se registra que el 35 % los realizan particulares sin vínculos a una organización criminal determinada.
El 25 % son bandas de delincuencia común, el 10 % de los casos el Clan del Golfo, el 9 % disidencias de las Farc y el 7 % el Eln.
Sin embargo, de los 126 homicidios esclarecidos, se identificaron autores intelectuales en 31 de los casos correspondientes al 24,6 %, donde el Clan del Golfo es el principal autor, seguidos de la guerrilla del Eln y las bandas criminales.
En 8 de cada 10 de los casos se usaron armas de fuego y 1 de cada 10 fue con un arma cortopunzante.
El informe fue materia de evaluación en la reunión que se registró en el Ministerio del Interior, en cabeza de la ministra, Nancy Patricia Gutiérrez, con la presencia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez y otras autoridades, donde buscaron establecer estrategias y acciones para mejorar la protección a los líderes sociales en el país.
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