La iniciativa legislativa busca incorporar formalmente el delito de extorsión cibernética dentro del articulado del Código Penal.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó de forma unánime un proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel de 15 a 25 años a quienes incurran en extorsión cibernética, tipificando este delito en el Código Penal.
La iniciativa busca llenar un vacío legal al penalizar el acceso ilícito a sistemas o datos informáticos con fines de beneficio económico o perjuicio, incluyendo amenazas de divulgación o alteración de información. El congresista Flavio Cruz Mamani (PL), presidente de la comisión, señaló que esta actualización legislativa responde al aumento de delitos como el ransomware y el phishing, y tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica y la persecución penal de los ciberdelitos en el país.
Modificación del código penal y tipificación de delitos
El proyecto de ley modifica el artículo 200 del Código Penal para incorporar formalmente los delitos de extorsión cibernética y adecuar la redacción de los delitos informáticos al Convenio de Budapest. Las penas propuestas son severas:
15 a 25 años de prisión para quienes accedan ilícitamente a información y amenacen con divulgarla, eliminarla o inutilizarla a cambio de un beneficio económico o para causar perjuicio a la víctima.
No menor de 6 ni mayor de 10 años de prisión si la conducta afecta sistemas informáticos de uso público o institucional, o compromete la seguridad pública, la continuidad de servicios esenciales o infraestructuras críticas.
El presidente de la comisión, Flavio Cruz, explicó que el marco penal actual no regula expresamente la extorsión cibernética ni las amenazas digitales derivadas del acceso ilícito a información privada, un fenómeno en constante crecimiento, según reportes del Ministerio del Interior y la Divindat.
Fortalecimiento de la persecución penal
El legislador indicó que es necesario actualizar el Código Penal y la Ley N.º 30096 para incluir las nuevas modalidades delictivas que han surgido con la expansión de los entornos digitales. La medida busca brindar mayor seguridad jurídica y eficacia a la persecución penal de los ciberdelitos. El predictamen aprobado reúne propuestas de los congresistas Esdras Medina (RP) e Idelso García (APP) y amplía la cobertura penal frente a fenómenos como:
Ransomware: Malware que ataca archivos y exige un rescate.
Phishing: Robo de datos y contraseñas.
Doxxing: Publicación de datos personales sensibles.
El proyecto busca fortalecer la protección de ciudadanos, instituciones y empresas ante el crimen digital, lo que, a su vez, podría generar un impacto económico positivo al reducir pérdidas y robustecer la confianza digital. La propuesta ahora deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso para su entrada en vigencia.
Adicionalmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó por mayoría un dictamen complementario que busca fortalecer la formación, capacitación y certificación de los peritos especializados en informática forense y cibercriminalidad, reforzando así las capacidades técnicas para la investigación de estos delitos.
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