El Gobierno de Chile ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que contempla ocho modificaciones enfocadas en ampliar las herramientas de intervención del Estado frente a la delincuencia organizada y el terrorismo.
La propuesta, que forma parte de la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), plantea un conjunto de medidas que facultan al Ejecutivo a aplicar restricciones temporales sobre ciertas libertades y derechos fundamentales en zonas bajo régimen de excepción, abriendo un complejo debate político e institucional sobre el equilibrio entre el orden público y los contrapesos democráticos.
Alcance del estado de excepción y facultades ejecutivas
El eje central de la iniciativa reside en la creación del estado de excepción constitucional de seguridad pública, el cual podrá ser decretado por la Presidencia de la República ante amenazas graves o inminentes al orden interno. Este régimen contempla una duración inicial de 120 días, prorrogable por un período idéntico antes de requerir la ratificación del Congreso Nacional.
Durante su vigencia, las zonas designadas quedarán bajo el mando directo de un Oficial General, permitiendo la intervención coordinada de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública conforme a una ley orgánica posterior.
Bajo este marco extraordinario, la administración estatal tendría atribuciones para restringir o suspender la libertad personal, la libre locomoción, el derecho de reunión y la asociación, además de disponer la interceptación de comunicaciones de diversa índole y la requisición temporal de bienes.
Paralelamente, el proyecto modifica el artículo 1° de la Constitución para explicitar la seguridad pública como un deber fundamental del Estado y amplía las causales del artículo 39 para justificar intervenciones ante emergencias de seguridad.
Sanciones al crimen organizado y trámite legislativo
En materia penal y judicial, la reforma incorpora el artículo 9° bis, estableciendo consecuencias severas para los condenados por delincuencia organizada, tales como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la aplicación de regímenes penitenciarios diferenciados con restricciones en visitas, traslados y beneficios.
Asimismo, faculta al Ejecutivo a catalogar agrupaciones como organizaciones terroristas o criminales mediante informe previo del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, requerimiento que deberá ser aprobado por dos tercios del Senado en sesión secreta dentro de un plazo de cinco días.
Ingresada con suma urgencia, la propuesta cuenta con un período de discusión de 15 días en la Cámara Alta. Debido a la magnitud de las reformas constitucionales planteadas, el proyecto requerirá de un amplio consenso y del respaldo de un elevado cuórum parlamentario para su aprobación definitiva en el debate legislativo.
Acerca del autor
