Los datos obtenidos de los 100 mil internos censados servirán como base para el diseño estratégico de programas dirigidos a la reinserción social y la prevención del delito.
Más de 100 mil personas privadas de libertad fueron censadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) como parte del Censo de Viviendas Colectivas 2025, una iniciativa que busca generar información crucial para el diseño de políticas públicas enfocadas en la seguridad ciudadana y la reducción de la reincidencia delictiva.
La operación, realizada en cumplimiento de una disposición del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, reafirma la alianza entre ambas entidades para incluir a la población penal en los registros nacionales.
El proceso de empadronamiento
El empadronamiento se ejecutó entre el 22 de setiembre y el 28 de octubre de 2025. Un total de 360 censistas acreditados por el INEI recorrieron los 69 establecimientos penitenciarios del país, distribuidos en las ocho oficinas regionales del INPE. Agentes penitenciarios supervisaron y resguardaron la acción censal para garantizar el correcto desarrollo del proceso.
Recolección de datos clave
El proceso permitió recopilar información actualizada y detallada sobre la situación social, educativa, laboral y de salud de los internos.
El objetivo principal de este barrido estadístico es que las autoridades competentes cuenten con insumos precisos para diseñar políticas públicas más inclusivas y efectivas, orientadas a la resocialización social de los internos y a la prevención del delito a nivel nacional. La inclusión de la población penitenciaria en estos registros es considerada vital para enfocar recursos y estrategias que contribuyan a la seguridad ciudadana en el país.
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