La abogada y exjefa del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y de Energía y Minas, Cecilia Blume Cillóniz, negó ante la Comisión Investigadora ‘Lava Jato’, que nunca ha contratado con el Estado desde el 2006 (en que dejó la administración pública), ni ha asesorado a empresas constructoras de Brasil.
La exfuncionaria que laboró al lado de varios ministros (Amador Yataco, Daniel Okama, Víctor Joy Way , Efraín Goldenberg y Pedro Pablo Kuczynski), se presentó el lunes 2 para informar sobre su participación en las negociaciones de la concesión IIRSA Sur, la asesoría a la empresa OAS y Lamsac, sobre el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla y también en la Concesionaria Rutas de Lima SAC.
Ante la pregunta del congresista Víctor García Belaunde, Blume aceptó que como abogada ha participado en acciones de gestión de intereses (lobies), analizando consultas e indagando sobre temas en los que trabaja.
Afirmó que la gestión de intereses es legal en el país, es una actividad regulada por la Ley 28024. Dijo que toda persona que, por ejemplo, se acerca a una ventanilla para conocer el estado en el que se encuentra una solicitud, petición o cualquier trámite ante el Estado, está haciendo una gestión sobre sus intereses. El problema es que no debe existir una confusión entre la labor que hace un abogado con su patrocinado con un lobby (traducido al español como gestión de intereses).
Tomando esta posición, la abogada dijo que se trata de una acción lícita y necesaria, “siempre y cuando sea transparente”, por lo que “jamás había hecho un acción de ese tipo”. Gestión de intereses, agregó, también hacen los economistas, sindicatos, los gremios profesionales e ingenieros.
En sus declaraciones ante la comisión, dijo que sí le interesa saber quiénes son los clientes que hoy están siendo investigados por actos de corrupción, conocer su grado de participación, pero remarcó que nunca ha asesorado a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, ni tampoco conoció a los directores de las empresas que constituyeron Lamsac.
Dentro de su labor, su estudio de consultoría asesoró a la empresa Azteca Comunicaciones y fue en el ministerio de Transportes y Comunicaciones donde fue a explicar el proyecto de esa empresa sobre la concesión de la red dorsal de comunicaciones.
Sobre su participación en la concesión de IIRSA Sur, dijo que como jefa del gabinete de asesores del MEF asistió (como otros jefes de asesores de otros ministerios) a las reuniones de ProInversión y en la última de ellas, antes de suscribirse el contrato en Palacio de Gobierno para la concesión del proyecto IIRSA Sur, en agosto de 2005.
Relató a la comisión que ella no vio el informe del Estudio Monroy en el que expresó su conformidad con la legalidad del contrato y que lo conoció cuando este ya estaba adjudicado.
Ante la duda y las preguntas de los congresistas Mauricio Mulder y Jorge Castro sobre su participación (“un exceso de protagonismo”, afirmaron), en una sesión de ProInversión en la cual se pronunció sobre la conveniencia del proyecto, Cecilia Blume negó que lo hubiera hecho o en todo caso no recordaba lo que se habló en la reunión.
En otro momento, ante similares preguntas, ella dijo que en muchos casos no se tuvo en cuenta su opinión como jefa del gabinete, porque las decisiones las tomaban directamente los viceministros de Economía y de Hacienda en algunos casos, como sucedió con la exoneración del Snip en la ejecución de la carretera binacional.
En determinados momentos, Blume afirmó que ha asistido hoy a la comisión a decir la verdad, “no a especular ni a expresar opiniones que no sean estrictamente la verdad”.
Con esta premisa, se refirió al proyecto IIRSA Sur (“allí mandaba el ministerio de Transportes y ProInversión fue el encargado de la concesión”, dijo) y comentó que estudios realizados por la CAF y la Universidad del Pacífico destacaron la necesidad de esa vía binacional.
Dijo también que trabajó con Lamsac (constituida por tres empresas brasileñas con el 75% del accionariado y OAS con el 25%) como asesora de gestión, como lo hizo con otras empresas en el 2006, para la ejecución de la Línea Amarilla.
Explicó que labor como asesora fue en el proceso de expropiación de tierras para la construcción de la carretera, la colaboración en el plan de negociación con los pobladores de las riberas del Rímac (36 familias) para reubicarlas en el Parque Unión y Acomayo y en un proyecto habitacional, además de la generación de empleos, pero “jamás participó en la modificación contractual de un contrato”, dijo en la comisión.
Del mismo modo se expresó de su participación en la ejecución del contrato de concesión de la Interoceánica del Sur y estuvo de acuerdo con el congresista Castro Bravo en que los estudios técnicos de las futuras obras no están bien hechos.
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