El cabecilla de la organización criminal «Los Pulpos», Jhonsson Cruz Torres (alias «Jhonsson Pulpo»), fue trasladado a la capital tras su captura en La Paz y posterior expulsión del territorio boliviano. La comitiva de custodios estuvo encabezada por el ministro del Interior, César Astudillo, quien viajó previamente a Juliaca para coordinar el despliegue de seguridad sobre el detenido.
El traslado aéreo se realizó en un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con destino al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. En el mismo vuelo fue custodiado Alexander Saúl Mendocilla Gómez (23 años, alias «Gordillo»), presunto integrante de la misma facción. La comitiva de recepción estuvo liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto a altas autoridades del sector Interior y la Policía Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, Cruz Torres registraba una orden de captura internacional con una recompensa de 500 mil soles e investigaciones abiertas por robo agravado, homicidio calificado, sicariato, secuestro y crimen organizado, además de una condena a cadena perpetua dictada en Trujillo por un caso de robo agravado con subsecuente muerte ocurrido en marzo de 2020.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, explicó que el sujeto fue intervenido utilizando documentación falsa, motivo por el cual las autoridades bolivianas aplicaron la figura de expulsión inmediata sin requerir un proceso formal de extradición. El fiscal superior precisó que los exámenes biométricos y de inteligencia permitieron ratificar su identidad pese a las modificaciones físicas en el rostro que el detenido se realizó durante su condición de prófugo.
La organización criminal «Los Pulpos» concentró sus operaciones en Trujillo, El Porvenir y Florencia de Mora, expandiendo posteriormente sus ilícitos a la extorsión, secuestro y cobro de cupos vinculados a la minería ilegal en La Libertad. Tras la recepción en el Callao, Cruz Torres fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para determinar su ingreso inmediato a un establecimiento penitenciario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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