El ex-presidente boliviano Evo Morales afirmó que las investigaciones y órdenes de captura emitidas en su contra forman parte de una estrategia histórica para proscribir su participación electoral, asegurando haber salido victorioso de denuncias similares en el pasado.
El ex-mandatario se pronunció luego de que el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija dictara una orden de aprehensión tras su inasistencia a una audiencia por presunta trata de personas, un proceso que analistas locales vinculan al fenómeno de lawfare.
Morales recordó que acusaciones previas por presunto estupro durante la gestión de Jeanine Áñez fueron archivadas por falta de pruebas, y sostuvo que las denuncias actuales de sedición esgrimidas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz buscan frenar su retorno al poder en este mayo de 2026.
Conflictos agrarios, política económica y el rol del Estado
La tensión política coincide con un ciclo de movilizaciones sociales impulsadas por el rechazo a la ley 1720 en las regiones amazónicas de Pando y Beni. La normativa, promovida por sectores agroindustriales de Santa Cruz, planteaba revisar la propiedad agraria de familias campesinas en extensiones de hasta 500 hectáreas para facilitar el acceso a créditos bancarios, lo que activó alarmas sobre potenciales embargos de tierras.
Morales cuestionó la política económica del Ejecutivo al señalar una subordinación a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) orientada a la reducción del gasto público y la inversión estatal, argumentando que el Estado debe mantener un rol activo en la implementación de programas de promoción económica y soporte para los sectores vulnerables.
Crisis de combustibles, demandas de renuncia y presiones fiscales
Las protestas, lideradas por organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), la CSUTCB y la FEJUVE de La Paz, han extendido sus demandas hacia la renuncia del presidente Rodrigo Paz, justificadas por la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo, la devaluación cambiaria y el desabastecimiento de carburantes.
El sostenimiento de los subsidios energéticos representa una presión fiscal elevada para el Estado boliviano, registrando un incremento desde los 1,000 millones de dólares anuales en 2010 hasta alcanzar los 3,500 millones de dólares debido a la expansión del parque automotor y el alza de las cotizaciones internacionales del diésel y la gasolina.
Aunque Morales consideró técnicamente acertada la intención de retirar dicha subvención, recordó que el Ejecutivo ya se vio obligado a retroceder en decretos previos -como el decreto 5503 sobre facilidades de explotación de hidrocarburos y litio a transnacionales- ante la magnitud del descontento social.
Relaciones internacionales y reconfiguración del escenario político
El escenario de crisis interna incluye un componente de alineamiento diplomático, evidenciado en las declaraciones de respaldo de la administración estadounidense hacia el presidente Paz. Altos funcionarios de Washington, como el secretario de Estado Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau, utilizaron plataformas digitales para denunciar intentos de desestabilización por parte de supuestas agrupaciones delictivas, una narrativa que Morales rechazó al ser calificado indirectamente de criminal por proponer el adelanto de los comicios generales en un plazo de 90 días.
Actualmente, con una Asamblea Legislative Plurinacional bajo el control de bloques conservadores y liberales representados por figuras como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, Morales reconoció que el Tribunal Supremo Electoral mantiene restricciones para la participación oficial de las siglas del MAS; no obstante, el ex-mandatario destacó que su facción mantiene influencia política directa sobre 130 de las 350 alcaldías de Bolivia a través de candidaturas estratégicas.
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