El atentado se registró durante el embarque de pasajeros en una zona concurrida; los agresores huyeron rumbo a San Martín de Porres.
El conductor y una pasajera resultaron heridos tras un ataque armado perpetrado por presuntos extorsionadores contra un ómnibus de la empresa Machu Picchu S.A., la cual opera la ruta Chorrillos-Carabayllo. El atentado se registró en la intersección de las avenidas Morales Duárez y Universitaria durante la hora punta de la mañana.
Según reportes periodísticos de Canal N, la ráfaga de disparos ocurrió mientras los usuarios abordaban el vehículo. En la escena del crimen se hallaron tres casquillos de bala, mientras que la carrocería presentó impactos cerca de la puerta de ingreso. Testigos presenciales señalaron que los agresores, un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta, emprendieron la huida con dirección al distrito de San Martín de Porres.
El hecho ocurre apenas un día después del asesinato de un colectivero, cuyo cuerpo fue incinerado dentro de su unidad en el paradero Primera de Pro. Asimismo, la empresa Machu Picchu S.A. registra antecedentes de atentados extorsivos durante el año 2025, reportados en Chorrillos en junio y agosto. Entre los choferes del gremio persiste el temor ante las cobros de cupos que las bandas criminales dirigirían contra la administración de la flota.
De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y julio del presente año se registraron 13,892 denuncias por extorsión a nivel nacional. La capital lidera las estadísticas con 5,635 casos, concentrados principalmente en Lima Este (1,806), Lima Sur (1,346), Lima Norte (1,305) y Lima Centro (1,178), afectando severamente a transportistas y comerciantes.
A nivel de distritos fiscales, cinco jurisdicciones concentran más de la mitad de las denuncias en todo el país: Lima Este (1,638), La Libertad (1,435), Lima Centro (1,309), Lima Norte (1,163) y Lima Sur (1,155).
Frente a la escalada delictiva, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha solicitado al Congreso la delegación de facultades legislativas para implementar reformas en seguridad, sistema penitenciario, tributación y materia laboral.
Dentro de las prioridades del Ejecutivo destaca la modificación del marco legal para clasificar a las organizaciones criminales bajo la figura de organizaciones terroristas, así como el ajuste de las normas que regulan el uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Asimismo, la propuesta busca reestructurar el sistema penitenciario nacional, el cual alberga a cerca de 100,000 internos en 69 penales diseñados para una capacidad máxima de 40,000 reclusos.
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