El Gobierno de Argentina ha dispuesto una reestructuración profunda de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, otorgando al organismo la capacidad de realizar detenciones en contextos específicos.
La reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 busca, según los considerandos oficiales, eliminar la superposición de funciones, optimizar la integración de datos y redefinir las competencias estratégicas frente a nuevas amenazas. Mientras el Poder Ejecutivo justifica los cambios como una modernización del sistema, la oposición ha manifestado críticas por el alcance de las nuevas facultades operativas de los agentes.
Nuevas facultades de detención y seguridad
La modificación central radica en la incorporación del artículo 10 nonies, que habilita a los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) a proveer su propia seguridad y proteger instalaciones, personal y operaciones. Bajo este marco, el personal está facultado para repeler agresiones en sus sedes o durante desplazamientos. En términos operativos, la norma establece que los agentes podrán proceder a la aprehensión de personas en casos de auxilio judicial, flagrancia o actividades propias de inteligencia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.
La reforma institucionaliza la creación de la Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional bajo la conducción de la SIDE que busca transversalidad en el análisis estratégico. Este esquema pretende incorporar información de sectores diversos como economía, salud, tecnología y clima para ampliar la visión del análisis nacional. Complementariamente, se establece una Comunidad Informativa para captar datos de organismos estatales que, sin ser parte del sistema de inteligencia, poseen información relevante para el Estado.
Un cambio estructural relevante es la separación de la ciberseguridad y la ciberinteligencia. La primera será gestionada por el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la Jefatura de Gabinete, enfocándose en la protección de activos digitales.
La ciberinteligencia permanecerá como una herramienta de obtención de conocimiento estratégico. El Gobierno sostiene que esta división fomenta la transparencia y facilita el acceso a la cooperación y financiamiento internacional.
Contrainteligencia y reordenamiento militar
La Agencia de Seguridad Nacional se especializará exclusivamente en contrainteligencia, dejando la investigación criminal a la Policía Federal para evitar duplicidades. El nuevo enfoque preventivo de la contrainteligencia apunta a detectar espionaje, sabotaje e injerencia extranjera en dimensiones políticas y cognitivas.
Finalmente, en el ámbito de la defensa, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), concentrando toda la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto para unificar criterios y recursos.
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