La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó, por unanimidad, el plan de trabajo para investigar hasta por 180 días hábiles a todos los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia, de control y de sanción, durante los últimos cinco años.
Esta facultad fue otorgada por el Pleno del Congreso el pasado 21 de agosto, en función de la Moción de Orden del Día 11072 promovida por dicha comisión, que preside José Luna Morales (PP).
La solicitud de investigar a dichos organismos busca determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales de sus funcionarios; así como proponer reformas normativas e institucionales que fortalezcan el rol regulador del Estado, en el marco de la Constitución Política del Perú y la protección de la salud y la vida de los consumidores.
La aprobación unánime se efectuó con una serie de propuestas que plantearon los parlamentarios de diversas bancadas. Entre los congresistas que efectuaron nuevos aportes estuvieron Carmen Omonte Durand (APP), Franco Salinas López (AP), José Luis Ancalle (FA), Rubén Ramos Zapana (UPP), Cecilia García Rodríguez (PP), y Rolando Campos Villalobos (AP).
El titular de la comisión aceptó una serie de propuestas con cargo a redacción, pero no aceptó la inclusión de la Sunat y de la Contraloría General de la República en el ámbito de la investigación, ya que no tienen relación con los consumidores finales.
PROTECCIÓN CONTRA LA USURA
Para iniciar el análisis del proyecto de ley 5904, que propone la ley de protección a los consumidores de servicios financieros contra la usura en el cobro de tasas y comisiones, hizo uso de la palabra, en primer lugar, el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Adrián Armas Rivas.
La propuesta busca evitar la usura en el sistema financiero con tasas máximas de interés y con la regulación de comisiones y gastos en los productos financieros que se ofrecen al consumidor; para ello, modifica el artículo 6 de la Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros.
El funcionario sostuvo que “cuando se establecen topes que están por debajo de las tasas de interés, generan efectos no deseados que se traducen en menos acceso al crédito, y a un racionamiento del crédito a aquellos cuyo riesgo de crédito esté por encima del tope”.
Ese racionamiento crediticio, dijo, dejaría a personas con menores ingresos económicos y sin garantías que ofrecer con la opción única del crédito informal. También, afirmó coincidir con el objetivo de ampliar y mejorar las condiciones de acceso al crédito (menores tasas y más plazos).
También se presentó el superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), Jorge Mogrovejo González, quien manifestó que las consecuencias de poner topes a las tasas de interés provocarían la salida del grupo de empresas especializadas de menor tamaño, y restringiría la oferta de créditos a personas de menores ingresos e informales, quienes tendrían que recurrir al crédito informal.
Indicó que el proyecto analizado excluiría a clientes de segmentos D y algunos de C, además podría provocar la salida de las empresas que atienden a estos segmentos; incitaría mayor concentración de mercado y fomento de la informalidad crediticia, reduciría la inclusión financiera y pondría en riesgo la estabilidad financiera.
En conclusión, indicó que colocar un tope a tasas de interés deja abierto el espacio a una mayor oferta de crédito informal que generaría daño a los ciudadanos, y las comisiones en Perú son altamente reguladas y los cambios propuestos en los dispositivos propuestos se encuentran contenidos en la normativa vigente.
Inmediatamente, tomó la palabra el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), Gabriel Bustamante Sánchez, quien criticó las exposiciones de los funcionarios del BCR y de la SBS, y dijo que sus diapositivas eran las mismas que muestra la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
Señaló que lo único que quieren estos funcionarios es crear confusión, y dijo estar de acuerdo con el 100 % con el contenido del proyecto de ley propuesto. Planteó, además, que el BCR compre las deudas a todos los bancos, “en lugar de venderlo a estudios de abogados, que se lo venda al BCR con un interés castigado”; y la SBS debe difundir la Resolución 1870, en donde se define que “los bancos no pueden tener tasas y plazos abusivos y tienen que adecuarse la situación COVID-19”.
El presidente de la Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros (Aincus), Ubén Atoche Kong, habló de las distorsiones que se han dado “en todos los ámbitos y uno de ellos es el financiero” y expuso una serie de ejemplos de las puertas giratorias entre los funcionarios de la BCRP y de la SBS, que antes trabajaron en la CONFIEP. “Primero defendieron a los banqueros, y ahora defienden a los consumidores”, expresó.
INCLUSIÓN FINANCIERA
La Comisión de Defensa del Consumidor también inició el análisis del proyecto de ley 5771, que propone la ley de fortalecimiento de la inclusión financiera a través de las cajas municipales de ahorro y crédito.
El proyecto busca adecuar y uniformizar los dispositivos legales que son de aplicación para estas entidades, y que representen un obstáculo para su desarrollo, su crecimiento financiero y para mejorar la competitividad en la prestación de sus servicios financieros.
En su segundo artículo establece que las operaciones de las cajas municipales de ahorro y crédito que no requieren autorización previa de la SBS, y para ello modifica el artículo 286 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Fernando Ruíz Caro Villagarcía, reafirmó su apoyo al proyecto de ley e hizo una enumeración de las bondades de su sistema en todo el país.
Así, por ejemplo, dijo que las cajas están presentes en 146 provincias del país, lo que representa 74 %, cuentan con más de un millón ochocientos mil clientes crediticios, y señaló la importancia de que las cajas de ahorro ofrezcan los mismos servicios financieros que la banca múltiple.
Con ello sostuvo que la presencia de las cajas de ahorro está enfocada en la descentralización del país y, en tanto, son un factor de descentralización.
El superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, Jorge Mogrovejo González, expuso, a su vez, sobre las operaciones que con este proyecto se les facultaría a realizar a las cajas sin autorización previa de la SBS.
Entre dichas operaciones está otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes, emitir cheques de gerencia, y expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito.
Sobre las dos primeras operaciones dijo que, actualmente, se requiere autorización de la SBS y opinión favorable del BCR. Con relación a las tarjetas de crédito, indicó que la SBS no tiene mayor problema con la emisión de cheques de gerencia, aunque si requieren opinión del BCR.
En lo que se refiere a las tarjetas de crédito, consideró que sí hay un riesgo operacional más alto y que requiere que las empresas soliciten una autorización y ciertos requerimientos normativos, porque deben efectuar una gran inversión en tecnología y capital humano.
«En conclusión, la SBS estima que el PL 5771 posiblemente desproteja a los consumidores en lo que se refiere a la emisión de tarjetas de crédito; es necesaria la mitigación de riesgos de pérdida y eso se realiza con un proceso de autorización de la SBS; y siempre es necesario un proceso de autorización de la SBS y opinión del BCR«, indicó el directivo.
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