Ayer se publicó el Decreto Supremo que aprueba el documento. Su implementación demandará la intervención de 14 instituciones del Estado para combatir hechos delictivos en todo el país.
Por primera vez, el Estado peruano contará con una Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana (PNMSC) proyectada al 2030, cuya conducción, seguimiento y evaluación estará a cargo del Ministerio del Interior (Mininter). Este importante documento de gestión fue aprobado por el Consejo de Ministros y servirá como hoja de ruta para la lucha contra la delincuencia y la violencia en favor del bienestar de la ciudadanía en todo el territorio nacional.
El Decreto Supremo N° 006-2022-IN publicado hoy en el diario El Peruano aprueba la PNMSC al 2030, que representa una valiosa herramienta para la seguridad pública. Su diseño y elaboración es fruto del trabajo de la Comisión Multisectorial en la que participaron 20 entidades públicas, y su implementación demandará la coordinación de 14 instituciones del Estado.
El documento define los objetivos prioritarios y lineamientos orientados a reducir en alrededor de 10 puntos porcentuales los índices de victimización, es decir la incidencia de delitos y violencias en la población. En el año 2019 esta cifra superaba el 26% y se espera reducir a 17% hacia el 2030.
Aborda la seguridad ciudadana desde la prevención del delito, control, disuasión, persecución y sanción del delito, y la reinserción social; respetando los enfoques de derechos humanos, el género, la diversidad cultural y las particularidades territoriales de las poblaciones que integran nuestro país.
Además, la PNMSC identifica cinco causas directas que explican la elevada victimización y propone cinco objetivos prioritarios (OP) para disminuirlas; dentro de los cuales se enmarcan las estrategias y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos:
- OP 1: Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencia cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población.
- OP 2: Mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad ciudadana.
- OP 3: Reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos.
- OP 4: Reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población.
- OP 5: Disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales.
Esto implica potenciar 59 servicios que prestan diversas entidades del Estado, entre las que está la Policía Nacional del Perú (PNP), los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Interior; Justicia y Derechos Humanos; Salud; Educación; además de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros.
La PNMSC al 2030 se orienta principalmente en fortalecer servicios como la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro, el programa Vecindario Seguro, los programas de prevención de la PNP, los sistemas de videovigilancia integrados entre los gobiernos regionales, gobiernos locales, la Policía Nacional y los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4).
También plantea mejorar el patrullaje por sector e integrado a nivel nacional implementando nuevas modalidades como drones y helicópteros, así como los operativos policiales para intervenir mercados ilícitos, el sistema especializado de justicia dirigido a las mujeres e integrantes del grupo familiar, la atención integral en los Centros de Emergencia Mujer, la investigación especial para niños, niñas y adolescentes agraviados por delitos contra la libertad sexual.
Asimismo, contempla potenciar la inteligencia operativa para la desarticulación de bandas criminales, y los operativos policiales de inteligencia táctica operativa de unidades especializadas de la PNP, como los escuadrones de emergencia, Águilas Negras, Escuadrón Verde, Halcones.
Además, la PNMSC al 2030 incluye los estándares de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades que plantea.
La implementación de la PNMSC al 2030 es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable. Asimismo, la vigencia del documento será hasta el 31 de diciembre del 2030, según establece el mencionado Decreto Supremo N° 006-2022-IN.
Acerca del autor
