Diversos aspectos vinculados a la protección social, familiar y económica de personas víctimas de feminicidios y violencia familiar fueron analizados en la sesión del Grupo de Trabajo que analiza los Decretos de Urgencia (DU) 001 y 005-2020 que coordina la congresista Indira Huilca Flores e integra sus homólogas Gladys Andrade Salguero y Milagros Salazar de la Torre.
Se debatieron los alcances del Decreto de Urgencia (DU) 001-2020 que modifica el Decreto Legislativo 1297, para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, y para ello se contó con la participación de los funcionarios María del Carmen Santiago Bailetti, del Ministerio de la Mujer; Juan Sánchez Córdova, del Ministerio de Justicia, y Jorge Vega de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
A su turno, la representante del Ministerio de la Mujer refirió que dicha norma establece un procedimiento célere: desprotección familiar en situaciones de urgencia con plazos breves (niñas y niños abandonados en la vía pública o aquellos que sufren graves maltratos por parte de sus padres que hace imposible su reintegración familiar)
También establece el inicio de la competencia de las DEMUNA para asumir el procedimiento por riesgo de desprotección familiar, y facilita la adopción de las niñas y niños de seis años, considerándolos como una adopción especial. Se define un plazo prudencial para la idoneidad de los adoptantes nacionales a tres años.
En esa misma línea de opinión el representante del Minjus señaló que el decreto en mención cumple con los procedimientos legales para este caso y que se abre un nuevo espacio para la atención y protección de este segmento.
El funcionario de Unicef también dio a conocer sus aportes y puntos de vista al respecto, señalando que este tipo de apoyo o servicio social de parte del Estado, debe contar con los estándares internacionales para garantizar la protección y el interés superior y los derechos de los niños, a la vida y la familia como tal.
REFORZAR LABOR INSTITUCIONAL
Luego de la exposición de los invitados, las congresistas Huilca, Andrade y Salazar coincidieron en señalar la necesidad de mejorar la prontitud de los servicios, toda vez que existiría problemas de acreditación de parte de las Demunas y otras instancias de apoyo social para este caso.
“Hay mucha lentitud en los servicios para este caso. Se debe dinamizar el apoyo del Estado para este caso y acortar los tiempos de los procedimientos ante situaciones de inminente desprotección familiar”, consideró Andrade.
A lo que la congresista Huilca agregó que “se debería garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes que ingresen a un CAR (Centros de Acogida Residencial) reciban una atención especializada”.
ASISTENCIA ECONÓMICA Y PROTECCIÓN SOCIAL
En la segunda parte de la reunión de trabajo se abordó el DU 005-2020, que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidios.
“Esta realidad de violencia social y familiar es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres y expresión de la cultura machista. Solo en el 2019, se han registrado 162 casos de feminicidio. Existe el compromiso de nuestra institución en la implementación y trabajo de protección para este caso”, manifestó Daniela Damaris Viteri Custodio, directora general de la Dirección General Contra la Violencia de Género del MMPV.
La representante de la Defensoría del Pueblo, Margot Anchante Ramos, también dio a conocer sus aportes al respecto y refirió que su institución realiza diversas acciones de control y seguimiento para este caso en diversas regiones del país.
Al respecto, la congresista Huilca refirió que si bien es cierto las víctimas directas del delito de feminicidio son las mujeres, existen otras víctimas indirectas en situación de especial vulnerabilidad: hijas e hijos, y personas con discapacidad en situación de dependencia, que quedan en la orfandad y el desamparo.
“Hay que tener en cuenta este aspecto y otros efectos colaterales porque no solo basta los beneficios económicos, sino también, la educación y prevención para estos casos con el apoyo del Estado, a través de las diversas instituciones que trabajan y hacen el seguimiento sobre esta realidad social y familiar”, expresó Indira Huilca.
También se dio a conocer las características de la asistencia económica para las víctimas de violencia, la finalidad económica, así como el monto que debe ser utilizado para fines de salud, alimentación, educación, vivienda u otros asociados a la protección social y desarrollo integral de las personas beneficiarias, entre otros aspectos.
Al término de la reunión se dio a conocer que el MIMP, a través del Programa Nacional Aurora, lleva un registro de las personas beneficiarias, el que se actualiza bimestralmente y constituye una herramienta para el seguimiento y monitoreo de la implementación del DU.
De igual forma la necesidad de implementar su reglamentación mediante un Decreto Supremo, que comprenda la regulación del procedimiento y condiciones de otorgamiento de la asistencia económica, cobertura excepcional de gastos de sepelio, entre otros aspectos.
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