Líder indígena vincula liberación de navío a fondos para salud; empresa reconoce pagos por tránsito.
Un operativo policial destinado a rescatar una embarcación petrolera retenida en la cuenca del río Corrientes, Loreto, derivó en un trágico enfrentamiento que causó la muerte del suboficial Carlos Alfredo Neyra Abanto y dejó a otro agente herido.
La intervención, ejecutada el pasado 27 de abril, buscaba liberar un convoy de la empresa RICSA que permanecía bajo control de la comunidad nativa de Providencia desde el 12 de abril. Pese a que se logró el rescate de varios tripulantes, la tensión en la zona persiste debido a que los comuneros exigen el pago de S/ 2 millones y la mediación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para deponer su medida de fuerza.
La retención comenzó cuando aproximadamente 25 personas interceptaron la barcaza y el empujador, obligando a los trabajadores a desviarse hacia el centro poblado bajo amenazas.
El gerente de operaciones de la compañía, Paúl Vigo, denunció que el cobro de estas cuotas es una práctica recurrente en la zona para permitir el tránsito fluvial, aunque subrayó que la cifra exigida actualmente es inédita frente a los pagos históricos que oscilaban entre S/ 10,000 y S/ 15,000.
Tras el choque armado durante el rescate, el director del Hospital Regional de Loreto confirmó que el suboficial Neyra arribó al centro médico sin signos vitales tras un traslado de emergencia de 40 minutos.
Por su parte, el apu Manuel Peraza Sandi justificó la acción como un acto de defensa ante el abandono estatal en una zona de explotación petrolera, rechazando el término «saqueo» y asegurando que los fondos se destinarían a proyectos de salud, agua potable y educación.
Según el líder indígena, la intervención policial agravó el conflicto, dejando un saldo de cuatro comuneros heridos por perdigones y tres desaparecidos. El dirigente condicionó cualquier solución a la instalación de una mesa de diálogo que incluya a la Defensoría del Pueblo, PerúPetro y el Ministerio de Energía y Minas, con el fin de que el Estado atienda las carencias estructurales de la región.
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