Según la Fiscalía, el investigado fingía laborar como cobrador de combi para infiltrarse entre los conductores y recopilar información estratégica.
Yasen Rojas Tábara, conocido como ‘Chiquiplum’, permanece bajo detención preliminar por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte en Lima Norte y el Callao. Aunque el investigado afirmó ante las autoridades laborar únicamente como cobrador de pasajes, las pesquisas de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo señalan como el responsable estratégico de obtener información confidencial de las víctimas para ejecutar amenazas dirigidas contra choferes y sus familias.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el imputado usaba la fachada de cobrador de combi para aproximarse a los conductores, ganarse su confianza y recabar datos sin levantar sospechas. No obstante, su rol principal dentro de la red delictiva consistía en la ejecución de ciberdelitos para identificar y presionar a las unidades que se oponían al pago de cupos.
Extracción ilegal de datos del Reniec y sistemas privados
A Rojas Tábara se le atribuye la práctica de doxeo, técnica que consiste en la recopilación y difusión no autorizada de datos personales con fines de intimidación. Para ello, habría accedido de forma irregular a plataformas privadas y bases de datos estatales, incluidas las del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), extrayendo fichas de identidad, fotografías y registros de familiares directos.
La información obtenida era transferida a José Blas Saavedra Llerena, alias ‘Gordo Moy’, presunto cabecilla de la banda, y a Antony Alexander Lizana Huatay, alias ‘Tony’, identificado como lugarteniente de la red. Ambos utilizaban los detalles del entorno íntimo de los transportistas para demostrar conocimiento de sus rutinas y doblegar su resistencia.
Impacto en el sector transporte e investigaciones de la Dirincri
La organización criminal mantenía bajo extorsión a más de 180 unidades de transporte pertenecientes a empresas como Holding, Línea 21 y Lorito. Las exigencias económicas habrían generado ingresos ilícitos superiores al millón de soles mediante el cobro diario de cupos a los conductores para permitirles circular.
Especialistas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) analizan los peritajes digitales y dispositivos incautados para determinar el alcance exacto de las vulneraciones informáticas y validar los nexos entre los procesados, mientras el Ministerio Público consolida las pruebas para establecer las responsabilidades penales correspondientes.
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