La Defensoría del Pueblo informó que, al mes de julio, el país acumuló un total de 199 conflictos sociales, de los cuales 150 tenían la condición de activos y 49 se encontraban como latentes.
Así se dio a conocer el Reporte de Conflictos Sociales 257, el cual se revela además que 89 de los conflictos activos se mantienen en fase de diálogo, 25 en desescalamiento, 21 en fase temprana y 15, en condición de escalamiento.
Otro dato importante que se revela en el reporte es que en el mes anterior se registraron ocho conflictos nuevos en Áncash, Ayacucho, Junín, Lima Metropolitana y Tumbes.
En el caso de la capital, estos estuvieron vinculados a las protestas por la falta de medicinas en el hospital José Augusto Tello, en Chosica; y a las demandas de la Confederación Nacional de Mototaxis.
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Puno (19) y Cusco (17).
En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con el 50.3 %. Además, los conflictos vinculados a la minería representan el 30.2 % del total de conflictos sociales reportados. De otro lado, se informó que, del total de casos en fase de diálogo, el 68.5 % corresponden a aspectos socioambientales. De ellos, dos corresponden a la región Tumbes y se refieren a las demandas de descontaminación del río Tumbes frente a la presencia de relaves mineros, así como al pedido de cambio de director del Hospital Regional II-2 JAMO.
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