El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, pidió a la Comisión de Economía del Congreso de la República, a donde pasó el proyecto de la nueva Ley Agraria, escuchar a todas las partes y hacer un análisis estrictamente técnico para reformularla, considerando el impacto de ese sector en la economía y su potencial a futuro.
“El año pasado generó 1 millón 236 mil empleos directos, indirectos e inducidos en regiones como Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima y Arequipa. Hacia el 2000 solo el 10% de los trabajadores eran formales y gracias a la apertura de mercados, el trabajo de las empresas y la Ley de Promoción Agraria N° 27360, ese porcentaje se incrementó a 25% el año pasado”, detalló.
Las necesidades en el Perú –continuó– son enormes, la pobreza es galopante, pero no podemos menoscabar el impacto de las agroexportaciones como motor de la recuperación y crecimiento del país con iniciativas que, si bien pueden considerarse buenas en el corto plazo, debilitarán a las medianas, pequeñas y microempresas en el tiempo.
“Cifras a octubre nos señalan que, del total de empresas de todos los sectores (por monto exportado), 11.8% son grandes, 2.1% son medianas, 27.1% son pequeñas y 59% son microempresas. Esta es la estructura de las empresas exportadoras y claramente nos dice que nos falta hacer más para hacer competitivo nuestro aparato productivo. Las normas que se den desde el Ejecutivo y el Legislativo deben ayudar a ese objetivo”, opinó.
El líder gremial invocó a los congresistas a no generalizar y separar el polvo de la paja, pues existen empresas comprometidas con sus trabajadores y el crecimiento del país que invirtieron acorde al marco legal entonces vigente, aprobado en el congreso y promulgado por el Gobierno. “El problema no era la ley, sino la mala aplicación por parte de un grupo de empresas y la falta de fiscalización”, acotó.
Lamentó que, en momentos que países como Colombia y Ecuador toman como modelo la Ley N° 27360 para impulsar más agresivamente sus agroexportaciones, Perú está vacilante respecto a sus propias políticas promotoras. Ese vacío afecta el tejido productivo y favorece el posicionamiento de la oferta de otras naciones.
Asimismo, solicitó al Estado asumir su responsabilidad para con la población más humilde que no cuenta con los servicios básicos de agua, electricidad, educación e infraestructura (vías de acceso). “En la medida que no se atiendan esas necesidades no se extinguirá el riesgo de actos violentistas. Las empresas privadas generan empleo y ayudan a descentralizar la economía, el Gobierno debe hacer su parte”, acotó.
No a la violencia
Respecto a los actos de violencia en el norte y sur del país –se volvió a tomar las carreteras– Fischer solicitó al Gobierno hacer valer el derecho de libre tránsito de la población y el respeto por la propiedad pública y privada. “Este tema ha sido politizado y quienes están azuzando o avalando este tipo de acciones deberán tomar la responsabilidad por lo que suceda”, dijo.
“Lo más importante es preservar la vida. El bloqueo de las vías de acceso ocasiona graves problemas, no solo por el hecho en sí de afectar a quienes se desplazan, sino que es un foco que podría desembocar en más contagios del Covid-19. Prioricemos el diálogo”, concluyó.
A tomar en cuenta
La actividad empresarial (productiva, comercial y servicios) no solo sufre el efecto de la cuarentena, sino también de las paralizaciones en varios puntos del país, con las considerables pérdidas económicas e incertidumbre en todos los agentes económicos al observar que en el Perú no se dan las condiciones para seguir invirtiendo.
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