“Se trata de una decisión que puede marcar el inicio de una gestión conjunta entre ambos poderes del Estado. Es momento de trabajar por el Perú; la población espera las reformas y una gestión coordinada para implementar iniciativas que logren el desarrollo económico y social”, dijo.
El líder gremial instó a dejar de lado la revancha y poner el interés nacional por encima del personal y político, pues consideró que solo de esa forma se lograrán los objetivos nacionales.
Añadió que la estabilidad jurídica debe ser la base para incentivar la inversión privada, por lo que se hace necesario otorgar señales claras a los empresarios peruanos y extranjeros que quieren invertir. “Necesitamos normas que promuevan e impulsen sectores intensivos en mano de obra”, apuntó.
Mencionó el caso de la pequeña empresa, la acuicultura, forestal, joyería y otros más que con un marco jurídico estable en el tiempo y que recoja las necesidades de esas actividades, podrían generar empleo, ingresos al fisco y un crecimiento descentralizado.
Recordó que las agroexportaciones evolucionaron de gran manera gracias a la Ley de Promoción Agraria y que la cadena textil-confecciones, químicos, siderometalurgia y metalmecánica están consolidando su recuperación gracias a la Ley de Promoción de Exportaciones No tradicionales, las cuales deberían ser ratificadas, a fin de reducir la pobreza y exclusión.
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