Organizaciones de DDHH y familiares de víctimas de la dictadura
Más de 3 mil personas marcharon por el centro de Santiago denunciando la impunidad que intentan imponer el gobierno de la Nueva ‘Minoría’ y la derecha en favor de los poquísimos criminales de delitos de lesa humanidad que se encuentran actualmente detenidos, casi todos en el Penal-Hostal Punta Peuco.
Los manifestantes, que respondieron al llamado efectuado por el Coordinador de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, se desplazaron desde Plaza Italia hasta la céntrica Plaza de Armas exigiendo terminar con la impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad; con los beneficios para los criminales procesados (a quienes sus cercanos, el gobierno y la derecha pretenden mostrar como unos ‘pobrecitos’ y ‘enfermitos’ ancianos) y por la salida del Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien recientemente justificara las miles de ejecuciones, desapariciones y torturas de detenidos políticos posgolpe, con la excusa del “acatamiento de las órdenes”, pretendiendo así disculpar a cierta oficialidad que cometió tales atrocidades o bien mandó a otros a cometerlos.
Recordemos que el pasado 9 de julio, durante la ceremonia del “Juramento a la Bandera” y que contó con la presencia de Michelle Bachelet, Oviedo aludió directamente a la situación que vive un centenar de exuniformados, quienes se encuentran procesados por su participación en graves violaciones a los derechos fundamentales perpetradas durante la dictadura cívico-militar (1973-1990).
Oviedo, en su discurso, hizo referencia a la “angustiante y dolorosa” situación en la que se encontrarían varios militares acusados que, “en su momento se vieron obligados a acatar órdenes”. El jefe del ejército chileno agregó que “en la actualidad, muchos de los entonces jóvenes militares comparten junto a sus familias un destino impensado, angustiante y muy doloroso”. Bochornoso resultó el hecho que el ministro de defensa, José Antonio Gómez, presente en esa oportunidad, le siguiera las de abajo al “atribulado” jefe milico refrendando el cuento del “contexto histórico” para justificar la masacre (tanto más vergonzoso si atendemos a que este pánfilo sujeto es hermano de Juan Carlos Gómez Iturra, Loquillo, un insigne dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, asesinado a sangre fría por los pacos el 21/6/1979). En verdad, los que sufrieron situaciones extremas de angustia y dolor fueron las víctimas de todo el ingenio del odio que se abalanzó sobre el movimiento popular desde el mismo 11 de septiembre de 1973, y para todas ellas, sus familias y compañeros la justicia ha sido demasiado brutalmente en la “medida de lo posible”.
El compañero Higinio Espergue, presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y participante en la marcha de éste viernes, señaló que la impunidad respecto de los crímenes de la dictadura no garantiza para nada la justicia de hoy. “Esto se evidencia claramente en las declaraciones de Oviedo, y que la única forma de oponerse a ella es movilizándonos con fuerza para exigir el respeto absoluto a los derechos humanos”, aseveró. Además, el dirigente y ex Preso Político en dictadura consideró una ofensa situaciones que se han difundido, como pensiones millonarias a exmilicos falsamente enfermos, siendo todas ellas razones para fortalecer el movimiento tras 27 años de seudodemocracia.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, expresó: “Le pedimos al gobierno que le solicite la renuncia al comandante en jefe del ejército, por vulnerar con sus declaraciones, el rol no deliberante que le corresponde a la institución, aspecto que fue avalado por el ministro de defensa, José Antonio Gómez”.
“Degradación a los asesinos”, “No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos”, se podía leer en algunas de las decenas de pancartas que los manifestantes portaron durante el recorrido entre Plaza Italia, tradicional punto de encuentro político-social santiaguino y la central Plaza de Armas, a escasas calles de La Moneda, sede del ejecutivo.
Entre quienes marcharon en la larga columna se encontraban Joan Jara, viuda del cantautor y director de teatro Víctor Jara, asesinado por los milicos en 1973; el cineasta Cristián Galaz; los voceros de la ACES y CONES; los presidentes de las principales federaciones estudiantiles de la capital; los titulares de las diferentes organizaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos y un largo etcétera de hermosas personas comprometidas con la causa de la verdad, la justicia y la memoria histórica popular.
Fue esta la primera movilización de la Coordinadora, en la que aseguran que buscarán regularizar manifestaciones para potenciar el movimiento y avanzar en post que en estas tierras realmente se haga justicia con tanto crimen brutal tras casi 44 años de cometido el fatídico Golpe militar de 1973.
(Fuente: Nodal)
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