El pleno rechazó la dimisión del mandatario tras la aprobación del libelo en Diputados y el Senado citó al jefe de Estado para este viernes.
En el marco de una severa crisis institucional desencadenada por la caída de Ueno Bank, el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles su renuncia formal al cargo mediante un mensaje en video difundido en sus canales oficiales. No obstante, el pleno del Congreso Nacional frustró la sesión destinada a evaluar la dimisión luego de que legisladores del Partido Colorado rompieran el cuórum parlamentario al constatar que no contaban con los votos para su aceptación.
La maniobra legislativa responde a la determinación de la oposición y de sectores disidentes del oficialismo de impedir que el exmandatario acceda a los fueros de la senaduría vitalicia y, en su lugar, llevar a cabo su destitución mediante juicio político.
Tras la suspensión de la sesión ordinaria, el Senado ratificó la validez del proceso de impeachment impulsado inicialmente por una nómina de 35 legisladores, citando a Peña para este viernes a fin de que ejerza su derecho a la defensa. La postura del Parlamento se consolidó luego de que la Cámara de Diputados aprobase por unanimidad el libelo acusatorio contra el jefe de Estado y el vicepresidente Pedro Alliana, bajo los alcances del artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay.
Ruptura en el oficialismo y retiro de respaldo político
El quiebre determinante de la continuidad del mandato presidencial se produjo tras el pronunciamiento de Horacio Cartes, expresidente paraguayo y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Cartes confirmó que la bancada oficialista del Partido Colorado retiraba el respaldo al Poder Ejecutivo para acompañar el juicio político en ambas cámaras. La postura de la dirigencia partidaria busca desmarcar a la agrupación gubernamental del presunto desvío de fondos públicos y mitigar el impacto electoral con miras a los comicios de 2028.
En su mensaje de despedida, Peña sostuvo que su decisión buscaba resguardar la paz social y la estabilidad institucional del país. Asimismo, puso el foco en la situación de los cerca de 3 millones de clientes de la entidad intervenida, solicitando al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) la rápida devolución de las acreencias a los ahorristas e instando al resguardo de los recursos públicos depositados en la institución.
Intervención bancaria, ley de emergencia y acciones judiciales
La crisis política tuvo su origen tras la intervención y disolución del Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), tras constatar que su índice de solvencia descendió a menos del 50% del mínimo regulatorio exigido. La entidad administraba entre 800 millones y 850 millones de dólares en fondos del Estado, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). Ante la emergencia, el Congreso aprobó de forma expedita una legislación promulgada por el propio Peña que autoriza el desembolso adelantado de hasta 40 salarios mínimos por depositante, equivalentes a 121.7 millones de guaraníes (aproximadamente 19,787 dólares).
Paralelamente, el Poder Ejecutivo designó al economista Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del BCP, tras la dimisión de Carlos Carvallo. En el ámbito penal, el Ministerio Público imputó a 27 personas por la concesión irregular de créditos a empresas vinculadas durante el periodo 2025-2026. Entre los procesados figura el fundador y accionista mayoritario de la firma, Miguel Vásquez, para quien la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitó la medida preventiva de prisión cautelar.
Acerca del autor
