Acción Internacional para la Salud cuestiona la exclusión de Perú de las licencias para 129 países, pese a albergar seis centros de ensayo clínico del fármaco.
La participación de centros de investigación en el Perú dentro de los ensayos clínicos globales para la evaluación del alimatravir, un innovador fármaco de administración mensual desarrollado por la corporación farmacéutica Merck para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), no garantizó la incorporación del país en los acuerdos internacionales de transferencias de patentes.
La decisión de la firma multinacional excluyó al territorio peruano de la nómina de 129 países autorizados para fabricar o comercializar versiones genéricas a menor costo de este insumo farmacológico.
La situación causa alerta en el sector de salud pública debido a que la nación operó como sede de pruebas clínicas mediante seis centros de investigación, un volumen de infraestructura idéntico al desplegado en Sudáfrica, Estado que sí fue incluido entre los territorios beneficiados. La organización Acción Internacional para la Salud (AIS) advirtió que la transnacional no transparentó los parámetros de selección aplicados y remarcó que el alimatravir se encuentra aún en fase de evaluación experimental, por lo que no constituye una cura ni una vacuna, sino una alternativa de profilaxis preexposición (PrEP) en desarrollo.
Historial de exclusiones y disparidad en la investigación clínica
De acuerdo con las alertas emitidas por la organización civil, el margen de exclusión comercial sobre el alimatravir no constituye un hecho aislado en el mapa de la salud pública nacional. El Perú fue igualmente marginado de los acuerdos de producción de genéricos para el cabotegravir y el lenacapavir, otros dos medicamentos de última generación orientados a la prevención del virus.
En el caso específico del lenacapavir, el país también aportó infraestructura y población para los ensayos de efectividad, sin lograr la inclusión posterior en las licencias de manufactura a bajo costo.
Esta brecha entre el aporte a la evidencia científica y la retribución comercial ocurre en un escenario epidemiológico complejo. Durante el año 2024, la autoridad sanitaria notificó 8,053 nuevos casos de infección por VIH en el territorio nacional.
Aunque el Ministerio de Salud incorporó la distribución gratuita de la PrEP oral de toma diaria en 2023, la estrategia pública alcanzó una cobertura de apenas 5,443 personas hacia diciembre de 2024, lo que evidencia limitaciones de alcance asistencial.
Exigencias de la sociedad civil y rol institucional del Estado
Frente a este escenario, las plataformas de la sociedad civil solicitaron formalmente a la multinacional Merck la publicación detallada de los criterios técnicos e indicadores macroeconómicos empleados para la conformación del listado de naciones autorizadas, exigiendo la reevaluación del estatus de la República del Perú.
Paralelamente, los colectivos hicieron un llamado al Gobierno peruano para entablar negociaciones de alto nivel que preparen al sistema de salud ante una eventual aprobación internacional del fármaco. La demanda busca evitar que las barreras de propiedad intelectual impidan el abastecimiento oportuno y a precios accesibles de nuevas moléculas preventivas en los establecimientos de la red pública.
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