El penalista Julio Rodríguez señaló que la carga probatoria contra el legislador de Ahora Nación es acotada en comparación con otros expedientes por delitos contra la administración pública.
El juicio oral que enfrentará el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, por presuntos actos de corrupción durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), no debería extenderse por más de 12 meses hasta la emisión de la sentencia, según el análisis del abogado penalista Julio Rodríguez. La estimación técnica se produce tras la decisión del Poder Judicial de disponer el pase a juzgamiento del parlamentario.
El especialista precisó que el proceso registrará un trámite fluido debido a que la carga probatoria es limitada en comparación con otros expedientes de delincuencia funcional. Las diligencias del tribunal se centrarán principalmente en las declaraciones de los imputados, informes de cumplimiento de perfil e informes periciales de parte, omitiendo peritajes de daño patrimonial al tratarse de una imputación por colusión simple.
Origen de la acusación e irregularidades detectadas
La investigación fiscal se remonta a diciembre de 2021, cuando López Chau, en su condición de máxima autoridad de la UNI, emitió la Resolución Rectoral 1534 para nombrar a Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de la institución.
Según la hipótesis de la fiscal provincial Norah Córdova, la designación se habría concretado mediante un acuerdo concertado y omitiendo la aprobación obligatoria del Consejo Universitario exigida por el estatuto institucional.
El Ministerio Público señala además que Anapan Ulloa no acreditaba los requisitos técnicos para asumir el cargo (docencia universitaria y experiencia mínima de cinco años en jefaturas de área) y mantenía un vínculo laboral simultáneo con el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Asimismo, el expediente consigna que a los tres meses de su nombramiento la exfuncionaria registró un incremento del 50 % en su remuneración.
Calificación jurídica, pretensión penal e impacto parlamentario
El Vigésimo Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima emitió el auto de enjuiciamiento que deriva el caso al Juzgado Penal Unipersonal de Corrupción de Funcionarios, órgano encargado de fijar la fecha de instalación del juicio.
La Fiscalía formuló acusación contra López Chau como autor y contra Anapan Ulloa como cómplice por el delito de colusión simple, solicitando 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por tres años. De forma alternativa, atribuye el delito de negociación incompatible con un pedido de 5 años de pena privativa de la libertad e inhabilitación de 12 años y medio.
Respecto a las consecuencias en la función pública del procesado, Julio Rodríguez precisó que al tratarse de hechos anteriores a su elección como senador, la causa no requiere antejuicio ni prerrogativa parlamentaria. De confirmarse una sentencia condenatoria firme con inhabilitación, el legislador tendría que dejar el cargo de forma inmediata.
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