El juzgado descartó el pedido de excarcelación del expresidente, formulado en base al pronunciamiento de un grupo de trabajo de la ONU.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate declaró improcedente una nueva demanda de hábeas corpus interpuesta a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones, con la que su defensa técnica pretendía lograr su excarcelación inmediata y la anulación de las medidas cautelares y condenatorias en su contra. El recurso, presentado por el abogado Jesús Josué Ramos Falcón, estaba dirigido contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la Presidencia del Congreso y la Fiscalía de la Nación.
La pretensión del letrado exigía ordenar la liberación del exmandatario del Establecimiento Penitenciario Barbadillo en un plazo no mayor a 24 horas, argumentando la existencia de una supuesta detención arbitraria. Asimismo, solicitaba fijar un plazo de tres días para que la instancia suprema resuelva la apelación de la condena impuesta por el intento de quebrantamiento del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022.
Deficiencias probatorias y duplicidad de recursos
En la resolución de rechazo, el juzgado calificó el planteamiento de la defensa como inconsistente al carecer de sustento probatorio idóneo. La parte demandante presentó como únicos elementos adjuntos copias simples del documento de identidad del procesado, la acreditación del abogado y versiones no traducidas formalmente del informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, documentos considerados insuficientes para desvirtuar las decisiones judiciales vigentes.
Por su parte, la Procuraduría Pública del Poder Judicial advirtió que el recurso incurría en duplicidad, al existir procesos idénticos en trámite dentro del distrito judicial de Lima. El órgano jurisdiccional remarcó que admitir demandas repetitivas con la misma controversia y petitorio vulnera el principio de predictibilidad jurídica y pone en riesgo la coherencia de las resoluciones del sistema de justicia.
El fallo judicial se suma a la reciente confirmación de la prisión preventiva contra Pedro Castillo dictada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, medida que se mantendrá vigente hasta marzo de 2027 en el marco de las investigaciones por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias en los casos Petroperú, MTC y Vivienda.
En paralelo, el exjefe de Estado cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de privación de la libertad impuesta en diciembre de 2025 por el delito de conspiración para la rebelión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya declaró admisible el recurso de apelación presentado por su defensa, por lo que en las próximas semanas se convocará a la audiencia correspondiente para evaluar los recursos de nulidad de Castillo y de los exministros involucrados Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres.
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