La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento del exdiputado argentino José Luis Espert por el presunto delito de lavado de dinero. En la resolución emitida por el magistrado Lino Mirabelli, se dispuso la prohibición de salida del país para el exlegislador y se ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes hasta por 1.000 millones de pesos. La medida alcanzó igualmente a su contador personal, Mariano Alejandro Cosentino, y a la firma Varianza S.A., con embargos fijados en 700 y 500 millones de pesos, respectivamente.
El fallo judicial se produjo días después de que el tribunal rechazara los recursos de nulidad presentados por la defensa técnica, con los cuales se buscaba apartar del expediente al fiscal Fernando Domínguez. De acuerdo con los actuados recabados por el Ministerio Público, la investigación acreditó la existencia de operaciones financieras sospechosas destinadas a canalizar fondos de origen ilícito en el circuito económico formal.
Redes de financiamiento y transacciones con firmas vinculadas al narcotráfico
La acusación fiscal se centra en la recepción de 200 mil dólares por parte de Espert provenientes de la compañía guatemalteca Minas del Pueblo, entidad vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, extraditado desde Argentina a Estados Unidos y condenado en dicho país por delitos financieros ligados al narcotráfico. Según las pesquisas, la transferencia original fue ejecutada a través de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., registrándose el posterior ingreso de los recursos a la adquisición de vehículos de alta gama y a la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
Si bien la defensa del excongresista sostuvo que el pago correspondió a servicios de asesoría profesional prestados a la minera, el fiscal determinó que el contrato constituía una simulación. Informes tributarios remitidos por las autoridades de Guatemala confirmaron que la empresa operaba como una entidad de fachada sin actividad comercial real que justificase la contratación de dichos servicios, permitiendo a la Justicia Federal estructurar la tipificación del delito por colocación, transferencia e integración de capitales ilícitos.
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