Foto: Altavoz
El dirigente José Quispe Yupanqui confirmó que el gremio definirá este viernes 9 de octubre la convocatoria a un paro nacional y nuevas medidas de protesta frente a las mafias extorsivas.
Los dirigentes del gremio de transportistas evalúan convocar a un paro nacional en respuesta a la creciente ola de extorsiones, ataques y asesinatos contra conductores. Una reunión clave programada para este viernes definirá las acciones que acatará el sector ante un escenario de inseguridad que afecta diariamente a sus trabajadores.
El descontento en el gremio ha aumentado tras una serie de crímenes recientes registrados en la capital. Los testimonios de los choferes dan cuenta del temor constante en sus jornadas diarias; entre los hechos reportados figuran el asesinato de un conductor en el sector de El Triángulo, el homicidio de otro trabajador en el distrito de Independencia y el acribillamiento del gerente de una empresa de transportes ocurrido hace un mes.
Frente a esta situación, la posibilidad de suspender el servicio cuenta con un respaldo masivo entre los trabajadores de la ruta, quienes aseguran operar sin garantías mínimas de protección por parte de las autoridades.
Gremios cuestionan inacción gubernamental y reportan alto número de víctimas
José Quispe Yupanqui, dirigente de Transportes Unidos, confirmó la convocatoria a la asamblea de este viernes para tomar medidas drásticas en defensa de la vida de los conductores. Por su parte, Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Unido, enfatizó la gravedad de la crisis al precisar que la cifra de víctimas mortales en el sector asciende a 85 fallecidos, un balance que no incluye las agresiones registradas en las últimas dos semanas.
Asimismo, los dirigentes criticaron el estancamiento político entre el Ejecutivo y el Congreso respecto al otorgamiento de facultades legislativas en materia de seguridad, una inacción que consideran inaceptable frente al volumen de ataques denunciados.
La violencia ligada al cobro de cupos no solo atenta contra los choferes, sino que se ha extendido a otros trabajadores de las unidades. Cobradores de transporte público señalan que la extorsión se ha generalizado en toda Lima Metropolitana, registrando incluso agresiones físicas durante sus labores rutinarias.
El temor a sufrir represalias ha llevado a que diversas unidades dejen de operar de manera preventiva. Esta reducción de la flota disponible repercute directamente en los pasajeros, quienes reportan esperas de hasta dos horas en los paraderos debido a la falta de vehículos para trasladarse.
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